La Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (PROVÍCTIMA) informa que hasta el 31 de enero de 2013 contribuyó a la localización de 169 personas, gracias a la aplicación del Protocolo de Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas en coordinación con autoridades federales y estatales.
Este Protocolo, que se empezó a elaborar en mayo de 2012, fue presentado a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia el 2 de noviembre pasado, donde se adoptó el compromiso de que PROVÍCTIMA acudiera a las sedes de cada una de las 32 procuradurías o fiscalías de justicia de las entidades federativas y el Distrito Federal para presentarlo y fortalecerlo mediante la retroalimentación de esas autoridades.
A la fecha, PROVÍCTIMA ha ido a presentar el Protocolo a los grupos de trabajo de búsqueda de personas de 30 procuradurías o fiscalías estatales. Sólo resta hacer lo propio en Tabasco, donde se tiene la cita programada para la segunda semana de marzo, y en Jalisco, donde se espera al próximo relevo de la administración estatal para concluir esta etapa.
El siguiente paso será someter el Protocolo a la aprobación de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia para que, en su caso, todas las procuradurías y fiscalías asuman el compromiso de adoptarlo y aplicarlo.
Para tal efecto, el Instituto Nacional de Ciencias Penales ya trabaja en la elaboración de un programa de capacitación sobre este Protocolo, el cual podría empezar a impartir inmediatamente después de que sea aprobado por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
¿QUÉ ES EL PROTOCOLO DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS O NO LOCALIZADAS?
El Protocolo de Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas tiene el objetivo de homologar las mejores prácticas en investigación y análisis de información para la localización de personas.
Los cuatro ejes que componen el Protocolo son: 1) Entrevista inmediata, amplia y única a los familiares para actuar con oportunidad y no revictimizar; 2) Fuentes de búsqueda de la información; 3) Determinación de elementos estratégicos de búsqueda; y 4) Análisis de la información.
Cada uno de esos ejes cuenta en el Protocolo con un respaldo descriptivo desde el punto de vista pedagógico y desde el metodológico, y se propondrán a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia formatos que faciliten la recopilación y consulta de información por parte de Ministerios Públicos, así como la creación de pequeñas áreas de apoyo dentro de las procuradurías o fiscalías que apoyen las labores de búsqueda y la integración de las averiguaciones por parte de las autoridades ministeriales.
SERVICIOS OTORGADOS A FAMILIARES
Hasta el 31 de enero de 2013, PROVÍCTIMA ha recibido solicitudes de ayuda por parte de familiares de 1,734 personas que han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas, lo cual no constituye en modo alguno un censo o un registro que pretenda abarcar la totalidad de casos en el país.
De ese número de casos, 169 personas han sido localizadas, 75% de ellas con vida.
De los 1,734 casos mencionados, 76% corresponde a hombres y 24% a mujeres, mientras que 61.4% se ubica en el rango de edad entre 15 y 34 años (de los que se tiene identificada la edad).
Las entidades federativas donde más se han reportado desapariciones a PROVÍCTIMA son: Tamaulipas (14.8%), Coahuila (11.9%), Nuevo León (10.3%), Veracruz (9.2%) y Estado de México (7.8%), aunque cabe mencionar que 6.4% de los casos no se conoce el dato de la entidad donde dejó de conocerse la ubicación de la persona.
PROVÍCTIMA otorgó, hasta el 31 de enero pasado, 20,089 servicios a familiares de personas desaparecidas o no localizadas, de carácter jurídico, psicológico, médico y de trabajo social.
En el aspecto jurídico, es importante reiterar que PROVÍCTIMA no sustituye las tareas ministeriales, de investigación y procuración de justicia reservadas por ley para las procuradurías y fiscalías de justicia de las entidades federativas, el Distrito Federal y la República.
En cambio, ofrece a los familiares de personas desaparecidas o no localizadas: asesorías jurídicas, revisión de averiguaciones previas, elaboración de escritos en nombre de las víctimas, recopilación de información para la integración de expedientes, información sobre los avances en los expedientes, formulación de solicitudes de información y comisiones para realizar diligencias en otros estados, entre otros servicios.
