Paola Flores León.-
En México, conseguir trabajo no necesariamente significa alcanzar estabilidad. Millones de personas tienen que salir todos los días a buscar ingresos sin contar con contrato, seguridad social o prestaciones. No es un fenómeno pequeño ni aislado: en junio de 2026, 33.1 millones de trabajadores se encontraban en la informalidad (alrededor del 55% de la población ocupada).
La cifra obliga a mirar más allá de los números. Más de la mitad de quienes trabajan en el país lo hacen en condiciones donde su futuro depende, en buena medida, de que puedan seguir trabajando día tras día. Si se enferman, si sufren un accidente o si llegan a la vejez, no cuentan con la misma protección que quienes tienen un empleo formal.
La diferencia deja fuera a millones. Quien necesita trabajar no puede simplemente esperar a que aparezca una plaza con contrato y prestaciones. Tiene que encontrar alguna manera de obtener ingresos, y ahí aparecen el comercio en pequeño, los trabajos por cuenta propia y otras actividades que forman parte de la economía informal.
Esto también explica por qué la informalidad no puede entenderse solamente como una elección personal. Para algunos puede representar una oportunidad de negocio; para otros, es la única alternativa que encontraron después de no conseguir un empleo estable.
Las consecuencias se sienten en la vida cotidiana. Un trabajador informal puede recibir ingresos hoy, pero no necesariamente está construyendo las condiciones para vivir con tranquilidad mañana. La falta de seguridad social puede convertirse en un problema serio cuando llega una enfermedad, un accidente o la vejez. Y cuando el ingreso apenas alcanza para cubrir los gastos básicos, ahorrar para enfrentar cualquiera de esas situaciones resulta prácticamente imposible.
La situación se vuelve más difícil para las familias de menores recursos. Quien vive al día tiene menos margen para enfrentar una semana sin ingresos, una enfermedad o la pérdida de su principal fuente de sustento. Por eso, la informalidad no sólo habla de cómo trabajan millones de mexicanos, sino también de la desigualdad con la que enfrentan los riesgos de la vida.
Aquí aparece una contradicción importante. México necesita del trabajo de millones de personas para que funcionen sus ciudades, sus comercios, sus servicios y sus actividades productivas. Sin embargo, una parte mayoritaria de esos trabajadores no tiene acceso a las condiciones laborales que deberían acompañar ese esfuerzo.
Por eso, reducir la informalidad no puede consistir únicamente en registrar negocios o aumentar las obligaciones para quienes trabajan por su cuenta. Si no existen suficientes empleos formales, estables y bien remunerados, las personas seguirán buscando otras maneras de ganarse la vida.
El asunto de fondo es qué tipo de economía se está construyendo. Una economía puede mantener ocupada a buena parte de su población y, al mismo tiempo, ofrecer empleos que no permiten vivir con seguridad. Tener una ocupación no debería ser el único objetivo; el trabajo debe permitir que una persona cubra sus necesidades, proteja a su familia y pueda pensar en el futuro.
Por eso se necesitan políticas que impulsen la creación de empleos formales y productivos, pero también mejores salarios y condiciones que hagan posible que los trabajadores permanezcan en la formalidad. De lo contrario, se seguirá tratando el resultado sin atender las causas.
Los 33.1 millones de trabajadores informales no son una cifra que deba verse con indiferencia. Detrás de ella hay personas que todos los días trabajan para sostener a sus familias y que, pese a ese esfuerzo, no cuentan con la seguridad que debería proporcionarles su trabajo.
El país produce riqueza gracias al esfuerzo de sus trabajadores. Lo justo es que esa riqueza también sirva para garantizarles una vida digna. Y para lograrlo no basta con que cada persona resuelva como pueda su situación: hace falta que los trabajadores reconozcan que muchas de sus dificultades tienen un origen común y que, organizados, pueden exigir mejores condiciones de trabajo y una distribución más justa de la riqueza que ellos mismos producen.
