Washington.-La Cámara de Representantes estadounidense, controlada por los republicanos, aprobó hoy un proyecto de ley destinado a aumentar las facultades de las fuerzas del orden para investigar el estatus migratorio de cualquier persona.
La medida avalada por 241 votos a favor y 179 en contra desestimó los argumentos demócratas de que tales procedimientos minarían la confianza de los inmigrantes indocumentados en las instancias policiales a la hora de denunciar cualquier tipo de delito, temerosos de resultar deportados.
Pese al anunciado veto del presidente Barack Obama, la iniciativa prosperó y busca prohibir subsidios a gobiernos locales que no cooperen con autoridades migratorias federales.
El autor de la legislación, el republicano Duncan Hunter, justificó la medida al sostener que si los gobiernos locales discrepan con la ley federal, eso «no les da derecho a ignorarla. Si no cumples con la ley, no recibes dinero federal».
En igual sentido se pronunció el presidente de la Cámara baja, el republicano por Ohio John Boehner, quien aseveró que «las ciudades no tienen el derecho de ignorar las leyes federales que les exigen encarcelar personas que han cometido delitos graves».
Sin embargo, para el demócrata por Illinois Luis Gutiérrez los republicanos intentan «explotar de manera cínica una tragedia familiar para obtener puntos políticos».
Una mujer fue asesinada recientemente en San Francisco, California, presuntamente por un inmigrante indocumentado a quien se le achacan varios delitos y sucesivas deportaciones, lo que impulsó a elementos conservadores a presionar por un cambio en las políticas que permiten la existencia de las llamadas «ciudades santuario».
Más de 300 ciudades estadounidenses, entre ellas San Francisco, aprobaron leyes que limitan la cooperación con las autoridades federales y sirven de santuario a los indocumentados.
Una nota oficial de la Casa Blanca señaló este jueves que la propuesta pone en peligro los derechos civiles al permitir a la policía reunir datos sobre los ciudadanos cuando lo considere necesario, lo que contribuiría a generar más desconfianza entre los residentes y las fuerzas del orden.
Aunque está estancada en los tribunales una iniciativa de la Casa Blanca para proteger a cerca de 5,5 millones de personas sin papales, el secretario de Seguridad Interna Jeh Johnson emitió nuevas directrices que intentan obligar a las autoridades a actuar con mayor precisión respecto a las personas amenazadas con ser deportadas por cometer delitos.
Según Marc R. Rosenblum, director adjunto del Instituto del programa de política de inmigración de Estados Unidos, bajo las actuales normas pudieran ser deportados unos 690 mil individuos condenados por una falta grave, así como otros 640 mil que entraron ilegalmente al país desde el 1 de enero 2014.
