La cifra de 281 mil 400 desplazados mexicanos por la violencia del crimen organizado y el tráfico de drogas, presentada en Ginebra, Suiza, podría ser mayor, afirmó hoy aquí la líder de una organización no gubernamental.
Brenda Pérez, coordinadora del proyecto sobre desplazamiento interno de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, expresó su seguridad de que hay muchas más personas en esa condición.
Dicha comisión fue la única organización mexicana que colaboró en el proyecto del informe global expuesto en Ginebra por el Centro de Vigilancia de Desplazados Internos (IDMC, por sus siglas en inglés) de Noruega.
Pérez puntualizó que el reporte se basó en la información publicada, sobre todo en la prensa nacional y local, por lo que reiteró que el número podría ser superior.
Criticó la inexistencia de una instancia de gobierno que realice un diagnóstico de este fenómeno, de los lugares de entrada y salida, así como que proteja a quienes están en esa situación.
Esta organización no gubernamental hizo un estudio cualitativo de unos 200 casos y detectó que el grupo de desplazados es heterogéneo, en el que hay personas de escasos recursos, de zonas rurales, defensores de derechos humanos, periodistas, funcionarios públicos y empresarios.
Dijo que el problema se focaliza sobre todo en los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa.
Por su parte Edgar Cortés, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, planteó que el informe de la instancia internacional permite visibilizar lo que las autoridades se negaban a aceptar, la existencia de miles de desplazados por la violencia.
En su opinión hay dos tipos de desplazados, aquellos que poseen recursos para recomenzar su vida en otro lugar, en particular los empresarios, y los que están en condiciones de mayor vulnerabilidad.
