HIPÓLITO CONTRERAS/
María del Pilar Cabrera Garrido, ciudadana del municipio de Tlaola, pide justicia, pues pesar de haber ganado un juicio para que el Ayuntamiento le pague por un terreno suyo que fue usado para ampliación de carretera, la autoridad se niega a acatar la resolución judicial.
En conferencia de prensa la afectada denunció que el presidente municipal, Abdias Castillo Castillo, de manera prepotente se niega a dar cumplimiento a la resolución del juicio 571/2011, radicado en el juzgado civil de Huauchinango.
Informó que con fecha 31 de octubre del 2008 celebró un contrato de transacción con el ayuntamiento de Tlaola para la ampliación de la carretera que conduce a las poblaciones de la Gallera y Xochinanacatlán, por lo que permitió que se afectara una superficie de mil 35 metros cuadrados de sus propiedad.
Para ello, agregó, se firmó un contrato de conformidad entre ambas parte, en el mismo se especifica que el ayuntamiento repondría la cerca de alambre de pía de grueso calibre que resultara afectada, además de reponer los postes de concreto que dan con el lindero de la propiedad y la carretera, de igual modo se compromete a construir un acceso de la carretera hasta el embarcadero de animales y pagar una indemnización de 510 mil pesos.
El ayuntamiento de Tlaola, indicó, incumplió el contrato, dejando la obra inconclusa y afectando una superficie de 4 mil 603 metros cuadrados, mucho más terreno del que se especifica en el contrato.
Expuso que en innumerables ocasiones ha tratado de llegar a un arreglo con las autoridades, sin que hasta la fecha se haya logrado nada.
Lo que he encontrado, expresó, es la cerrazón del presidente municipal, a pesar de que fue el ayuntamiento quien incumplió el contrato, por lo que se vio en la necesidad de acudir a los tribunales, al juzgado civil de Huauchinango, en donde mediante juicio se condenó al ayuntamiento al pago para la reparación del daño por la cantidad de un millón 507 mil 380 pesos.
Explicó que esta cantidad se desglosa en 510 mil pesos por concepto de indemnización y 997 mil 380 pesos por concepto de daño material.
Indicó que ni aun con la sentencia a sus favor el ayuntamiento se niega rotundamente a realizar el pago por los daños ocasionados, recurriendo a múltiples excusas, hasta amenazas y burlas.
Por esta razón, afirmó, pido el apoyo del gobernador del estado, Antonio Gali Fayad, así como el jefe de la oficina, Javier Lozano Alarcón, el Secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, y Víctor Carranca, Fiscal General del estado, para que en Puebla se cumpla el estado de derecho, el Ayuntamiento de Tlaola en juicio fue vencido y condenado a reparar el daño.
