El proceso de amnistía anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó ya con la liberación de luchadores sociales, policías comunitarios, maestros, estudiantes e indígenas.
Según fuentes de la Secretaría de Gobernación, los primeros 25 beneficiados por la amnistía son parte de una lista de 199 casos que la senadora de Morena Nestora Salgado entregó a esa dependencia.
Entre ellos están los seis indígenas de Tlanixco, que mantienen una lucha desde hace más de una década por la defensa del agua en esa comunidad ubicada en la cordillera del Nevado de Toluca, en el municipio de Tenango del Valle.
Esos ciudadanos, nombrados Dominga González Martínez, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González y Rómulo Arias Mireles, fueron sentenciados a 70 años de cárcel acusados falsamente de la muerte de un empresario, en un proceso lleno de irregularidades.
Igualmente conforman la lista otros indígenas de la comunidad de Salazar, perteneciente al municipio de Lerma: Beatriz Pérez Flores, Daneyra Kikey Becerril, Yuriko Becerril Villavicencio, Miguel Ángel Vilchis García, Fermín Esquivel Rojas y Cutberto Vilchis García, quienes enfrentan prisión domiciliaria.
Se agregan Fidencio Aldama Pérez, de la tribu yaqui, en Loma de Bácum, sometido a proceso por oponerse a la instalación de un gasoducto en su territorio, Miguel Ángel Peralta Betanzos, y otros dirigentes comunitarios de Eloxochitlán de Flores Magón.
Todos ellos fueron encarcelados por defender sus recursos naturales y la autonomía de ese municipio ubicado en la región cañada de Oaxaca. Es el caso de Marco Antonio Suástegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota, en lucha desde hace 15 años contra la construcción de ese proyecto hidroeléctrico en Guerrero.
