El pasado jueves, un grupo violento irrumpió en un evento de Coparmex Chilpancingo, organizado con el objetivo de capacitar jóvenes universitarios y emprendedores para detonar proyectos productivos que fortalezcan la economía regional. El evento tuvo que ser cancelado frente a la irracionalidad de los violentos, que prendieron fuego a una patrulla, amenazaron y hasta golpearon a algunos de los asistentes.
Se perdió así la oportunidad de generar nuevas fuentes de empleo y crecimiento a través de los 200 proyectos que iban a ser evaluados durante el encuentro, y una derrama que se estimaba en 3 millones de pesos, para beneficio de toda la sociedad guerrerense.
En otros estados, como Oaxaca, Chiapas y Michoacán, pequeños grupos que utilizan la violencia como herramienta política y de beneficio particular, también están dañando profundamente la convivencia pacífica, el derecho de las personas a transitar sin obstáculos y sin miedo por las calles, las carreteras y los aeropuertos; el derecho de las personas que cada día salen a trabajar y a buscar el sustento de sus familias, a manejar un camión de mercancías, realizar un trámite municipal, obtener su credencial de elector o participar de un evento público sin temor a ser agredidos.
Frente a una autoridad ausente, los empresarios y los ciudadanos vemos con gran preocupación la impunidad con la que se manejan quienes quieren imponer sus agendas por la fuerza. En un país democrático, jamás la violencia puede aceptarse ni naturalizarse como herramienta de presión. La inacción de las autoridades, que consienten así la prerrogativa de unos pocos de aterrorizar a toda una sociedad, es inaceptable y profundiza la crisis de confianza en las instituciones.
Los empresarios de todo el país reunidos en Coparmex planteamos esta preocupación y exigencia al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en una reunión mantenida en días pasados. El Secretario se comprometió a reestablecer el Estado de Derecho, y mantener reuniones personales de seguimiento con el sector empresarial de los estados más afectados por la violencia y la inseguridad, como Guerrero, Oaxaca y Tamaulipas.
La responsabilidad es compartida entre los tres órdenes de Gobierno, y los presidentes municipales y gobernadores deben también dar una respuesta clara y contundente de cara a la sociedad que exige ¡ya basta de violencia!
Debemos evitar que la violencia impida comicios limpios y transparentes, y contamine el proceso electoral que ya está en marcha en todo el país. Realizarlo bajo condiciones de seguridad y respeto a la legalidad será fundamental para preservar la democracia participativa, el ambiente propicio para la inversión, la generación de empleos y el crecimiento que benefician a todos los mexicanos.
