La explosión de cuatro pipas de gas en un predio clandestino de la colonia San Juan Negrete, en Tepeaca, no es un accidente aislado ni un hecho fortuito. Es la consecuencia de la omisión, la falta de vigilancia y el fracaso de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para combatir de manera efectiva el robo y almacenamiento ilegal de hidrocarburos que desde hace años opera en la región.
Resulta alarmante que mientras los poblanos viven con incertidumbre y miedo, las redes dedicadas al huachigas continúen operando con tal capacidad que incluso ponen en riesgo a comunidades enteras. La evacuación de más de dos mil personas y las lesiones sufridas por ciudadanos son una muestra clara de que las estrategias implementadas hasta ahora han sido insuficientes y han fracasado.
Como diputada y voz de los ciudadanos, exijo una investigación profunda, transparente y sin simulaciones para identificar no sólo a los responsables directos de estos hechos, sino también para determinar si existieron omisiones, negligencia o complicidad de autoridades municipales, estatales o federales que permitieron el funcionamiento de este sitio clandestino.
No podemos seguir aceptando discursos triunfalistas cuando la realidad demuestra que el crimen organizado continúa poniendo en peligro la vida de miles de familias poblanas. Los ciudadanos merecen respuestas, resultados y autoridades que asuman su responsabilidad.
Por ello, además de exigir justicia y el fortalecimiento inmediato de las acciones de inteligencia, vigilancia y combate al huachigas, dedicaré todo mi esfuerzo y trabajo legislativo a acompañar a las víctimas de este hecho y a vigilar que reciban una reparación integral del daño por parte del Gobierno del Estado.
Las familias afectadas no pueden quedar abandonadas ni cargar solas con las consecuencias de una tragedia que pudo evitarse. Quienes resultaron lesionados, quienes tuvieron que abandonar sus hogares y quienes sufrieron afectaciones materiales merecen atención, respaldo institucional y una indemnización justa.
Mi compromiso será estar del lado de las víctimas, dar seguimiento puntual a este caso y exigir que las autoridades respondan con hechos y no con excusas. Puebla necesita seguridad, pero también gobiernos que asuman las consecuencias de sus errores y protejan verdaderamente a la ciudadanía.
La explosión de Tepeaca debe convertirse en un punto de inflexión. Si las autoridades continúan actuando con indiferencia, los riesgos para la población seguirán creciendo. Los poblanos merecen vivir en paz y no bajo la amenaza permanente de actividades criminales que prosperan ante la incapacidad gubernamental.
