La Comisión Nacional de Derechos Humanos en México creó una oficina para atender las violaciones a las garantías fundamentales en el caso Iguala, informó hoy aquí el titular del organismo, José Larrieta.
Durante los sucesos violentos ocurridos en la ciudad de Iguala, estado mexicano de Guerrero, el 26 y 27 de septiembre pasado, perdieron la vida seis personas y desaparecieron 43 estudiantes (uno posteriormente identificado muerto).
Según las investigaciones de la Procuraduría General de la República, policías locales a la orden del exalcalde de Iguala atacaron a los estudiantes, provocaron esas seis muertes y entregaron a los 43 alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa a miembros de la banda criminal Guerreros Unidos.
En un comunicado, Larrieta señala que mantendrá vínculos con los familiares de los estudiantes víctimas de la desaparición forzada y sus representantes, ONG nacionales e internacionales y grupos que los acompañan.
Indica que impulsará la integración del expediente de queja, procurará toda la información de autoridades que deben proporcionarla, estará atento a que la PGR agote todas las líneas de investigación y analizará cualquier probable violación a los derechos humanos.
Mientras, familiares de los normalistas desaparecidos bloquearon hoy la entrada del 27 batallón de infantería en Iguala pues manifestaron que elementos de esa fuerza militar no hicieron nada para evitar los ataques perpetrados por la policía municipal la noche del 26 de septiembre y la madrugada del siguiente día.
Acompañados por parientes de personas desaparecidas en los últimos años, exigieron la revisión del cuartel, pues afirmaron que los jóvenes fueron llevados al destacamento antes de ser entregados a los sicarios, según medios de prensa locales.
