– Se busca inhibir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado
La diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer la prisión permanente a personas de 12 años cumplidos o más que cometan delitos de extrema gravedad.
“El homicidio doloso, el feminicidio, la violación, el secuestro, la trata de personas, la desaparición forzada, el terrorismo, la delincuencia organizada y el reclutamiento criminal de niñas, niños y adolescentes constituyen expresiones extremas de violencia que no pueden ser tratadas como conductas ordinarias. Se trata de delitos que, por su brutalidad, reiteración, planeación, crueldad, ventaja o vínculo con estructuras criminales, colocan a las víctimas en una situación de absoluta indefensión y generan un daño social que trasciende el caso concreto”, indicó.
La legisladora explicó que la infancia puede ser utilizada por grupos criminales como instrumento de vigilancia, transporte, extorsión, venta de drogas, reclutamiento, agresión, desaparición o ejecución, por lo que la iniciativa busca erradicar delitos cometidos por menores e inhibir el reclutamiento de adolescentes por el crimen organizado.
“En los últimos años, diversos organismos han advertido que niñas, niños y adolescentes pueden ser reclutados o utilizados por grupos delictivos mediante amenazas, coacción, violencia, pobreza, abandono, falta de oportunidades o control territorial. Esta realidad obliga a reconocer que el sistema de justicia penal para adolescentes no puede permanecer ajeno a conductas de extrema gravedad que lesionan bienes jurídicos fundamentales y que, en muchos casos, responden a lógicas de criminalidad organizada”, expuso.
De esta forma, la diputada propone establecer un régimen de Responsabilidad Penal Reforzada aplicable a personas de 12 años cumplidos o más que cometan o participen en delitos de extrema gravedad, pues el sistema de justicia para adolescentes en el país enfrenta un volumen relevante de casos y, por tanto, debe contar con reglas diferenciadas para responder a conductas ordinarias y, de manera excepcional, a delitos de extrema gravedad.
La iniciativa de la legisladora enfatiza que la reforma propuesta no plantea una respuesta uniforme para toda conducta adolescente, sino un régimen reforzado para supuestos particularmente graves, atendiendo a la naturaleza del hecho, la forma de participación, la reiteración, la pertenencia a grupos criminales, la crueldad, el daño causado, la afectación a las víctimas y el riesgo objetivo para la sociedad.
