Dos millones de mexicanos en trabajos precarios, según experto

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Las recientes protestas de los jornaleros de San Quintín, en Baja California, visibilizan hoy las condiciones de trabajo precario de unos dos millones de campesinos e indígenas mexicanos, afirmó el doctor Armando Bartra.

El profesor del posgrado en Desarrollo Rural de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana expresó que esta situación se ha incrementado en los últimos 30 años.

Resaltó que esto es un ejercicio de violencia que se practica desde el momento en que labora toda la familia, incluyendo niños pequeños, en diversos campos de recolección.

Apuntó que la esclavitud, el trabajo forzado y la coacción no son problemas del pasado.

El especialista en economía campesina y autor de 30 libros, muchos de ellos en torno al tema rural e indígena, dijo que el capitalismo nace al esclavizar a africanos para llevarlos a América y suplir la mano de obra de los pueblos originarios, aniquilados por distintas causas.

Subrayó que como el trabajo en la milpa (parcela de tierra cultivada) es temporal, familias enteras migran a lugares lejanos para aumentar sus ingresos y sobrevivir.

Recalcó que por ello en el estado de Baja California hay zapotecos, mixtecos, triquis, tlapanecos y nahuas, llegados desde los años 60 al 90 del siglo pasado, mientras otros llegan y son sometidos a trabajo forzado.

Por otra parte, las actividades agrícolas se prestan para el empleo infantil y femenino, por eso cuando llegan al campo, todos trabajan aunque no todos cobran, como es el caso de los niños, aseveró.

Reconoció que ante la necesidad de las familias, estas laboran por bajos salarios en 19 estados del país.

Bartra señaló que se debe exigir el cumplimiento de la Constitución y la Ley Federal del trabajo, ya que a los jornaleros no se les reconocen ni siquiera los derechos que tienen otros obreros, y por ello entre sus demandas está recibir un salario diario de 200 pesos (15 dólares).

Los jornaleros agrícolas de San Quintín reclamaron la renuncia del gobernador de Baja California, Francisco Vega, a quien culpan de la reciente represión policial que sufrieron.

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