Hipólito Contreras/
El Centro de Estudios Espinosa Yglesias conjuntamente con la BUAP, UPAEP y la Iberoamericana, realizó un estudio sobre el trabajo del Congreso del Estado en la LVIII Legislatura, 2011-2013. Por las actividades realizadas, en las que encontró deficiencias como poco análisis de las iniciativas, el CEEY le otorgó calificación global de 4.2.
En conferencia de prensa en la que estuvieron presentes académicos de las tres universidades participantes, el ex rector de la UDLA, Enrique Cárdenas Sánchez, afirmó que el federalismo en México en donde descansan los poderes, el poder ejecutivo es el que predomina sobre los demás poderes, esto, dijo, ocurre en todo el país, mientras no haya una separación de poderes va a continuar la misma situación.
En conclusión, dijo, algunos de los legisladores responde, ojalá que la reelección pueda ayudar en ese sentido, pero no se debe quitar la lupa para seguir insistiendo para que se pueda construir un mejor país.
En su evaluación del Congreso en su anterior legislatura el CEEY destaca que por la baja calificación que le otorga, se hace evidente un claro retrocesos en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como la calidad de las normas presentadas y aprobadas en el 2013.
El análisis resalta posibles problemas de inconstitucionalidad y de transparencia a partir de la reforma aprobada en el 2012 por la legislatura en materia de endeudamiento público.
La evaluación fue hecha por 22 expertos reconocidos a nivel nacional en temas relacionados al paralamentarismo, técnica legislativa, argumentación jurídica, justicia social, transparencia y protección de datos personales y la rendición de cuentas.
Durante los meses de julio y agosto del 2014 los especialistas analizaron, debatieron y evaluaron el desempeño institucional del Congreso, considerando la información disponible en el portal electrónico del Congreso.
Los evaluadores consideraron un error el que la nueva legislatura decidiera generar un portal electrónico distinto al anterior y no considerar de utilidad poner al día la información que por ley tiene que ser pública, sin importara que legislatura la generó.
Destacan los académicos que por tercer año consecutivo el Congreso se negó a hacer públicas las versiones estenográficas y las actas de comisiones y comités, no obstante que la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del estado lo ordena.
Los evaluadores pudieron constatar sólo parte de los procesos legislativos, pero no los procesos deliberativos, tal es el caso de la dictaminación de las cuentas públicas en donde no es posible afirmar que los legisladores realizaron un estudio de cómo se gastó el presupuesto, esto es sustancialmente relevante porque el poder legislativo se convierte en garante de la aplicación de contribuciones justas, cercanas a las necesidades de la sociedad y apegadas a los programas de gobierno.
Destaca el análisis del CEEY que se pudo constatar por tercer año que fue el poder ejecutivo, y no el legislativo, el que mayor número de iniciativas presentó y el que más éxito de aprobación tuvo, la gran mayoría de estas iniciativas fueron aprobadas sin grandes cambios y en tiempo récord, si se compara con las que fueron presentadas y aprobadas por los legisladores.
