La Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima (PGJE) inició procesos penales en 2017 contra cinco mujeres acusadas de abortar, delito que en esa entidad tiene una pena de dos a cuatro años.
Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en Colima se cometieron cinco abortos ilegales en los meses de febrero, marzo, abril y agosto.
Las mujeres, de quienes no se dio a conocer su identidad, están recluidas en el Centro de Reinserción Social ubicado en la capital del estado.
El Código Penal de Colima contempla cuatro causales por las cuales no será castigado el aborto: cuando no se realice de manera intencional y cuando el embarazo sea consecuencia de violación o de alguna técnica de reproducción indebida y se practique el aborto en los primeros tres meses de gestación.
También, cuando de no provocarse el legrado con el consentimiento de la mujer, ella enfrente peligro de muerte o afectación grave a su salud a juicio del médico que la asista, procurando éste la opinión de otro especialista.
Además, cuando se practique con el consentimiento de la embarazada y a juicio de dos médicos hay razón suficiente para suponer que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que den por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves.
