La diputada de Movimiento Ciudadano, Fedrha Isabel Suriano Corrales, presentó ante el Congreso del Estado un Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades federales, estatales y municipales, que garanticen máxima transparencia, acceso a la información, participación ciudadana y protección del medio ambiente, del agua y de la salud pública, respecto del proyecto denominado Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar Puebla (PODECIBI), previsto para instalarse en el municipio de San José Chiapa.
La legisladora dejó claro que Movimiento Ciudadano respalda los principios de economía circular y reconoce la necesidad de fortalecer la infraestructura para el manejo integral de residuos; sin embargo, sostuvo que ningún proyecto de gran impacto puede implementarse sin información técnica suficiente, evidencia científica, apertura institucional y diálogo con los ciudadanos.
Suriano Corrales señaló que la población de San José Chiapa ha expresado inquietudes sobre los posibles impactos ambientales, hídricos, sanitarios y urbanos del proyecto, particularmente porque, de acuerdo con la información hecha pública hasta el momento, tendría capacidad para procesar hasta 800 toneladas diarias de residuos, volumen que superaría ampliamente los residuos generados por el propio municipio.
Destacó que hasta el momento no existe información pública disponible y suficiente sobre estudios ambientales, hidrológicos, hidrogeológicos, de biodiversidad, movilidad, emisiones, riesgos sanitarios y demanda hídrica que permitan a la población conocer con certeza y objetivamente el alcance del proyecto y evaluar sus posibles beneficios e impactos.
Por lo anterior, el Punto de Acuerdo plantea que el Congreso del Estado organice foros de análisis y parlamento abierto con la participación de habitantes de San José Chiapa, especialistas, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de conocer, analizar y discutir públicamente los alcances del PODECIBI.
Asimismo, solicitó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado y demás autoridades competentes, remitan al Congreso del Estado toda la información técnica relacionada con el proyecto, incluyendo permisos, autorizaciones, estudios especializados y el estado que guardan los procedimientos administrativos correspondientes.
La propuesta también exhorta a la PROFEPA a informar sobre el estado que guarda la denuncia popular presentada por Jorge Álvarez Maynez, Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, en relación con el proyecto y, en caso de que los estudios científicos y técnicos acrediten riesgos significativos para la salud pública, el derecho humano al agua, la biodiversidad o el equilibrio ecológico, solicita que las autoridades valoren las medidas necesarias para modificar o reubicar el proyecto, privilegiando el principio de prevención y la protección de los derechos humanos.
