Ante las agresiones sufridas ayer en el municipio de Chietla, por parte de pobladores de la comunidad de Viborillas, contra siete vecinos de San Lucas Huajotitlán, una comisión encabezada por Hersilia Córdova Morán, líder antorchista en la región, acudió la tarde de este viernes a la Secretaría General de Gobierno para solicitar su intervención inmediata.
Tras establecer una mesa de diálogo con el subsecretario de asuntos políticos, Mario Rincón, éste se comprometió a retirar la cadena que obstruye el único camino a Huajotitlán, misma que fue colocada este jueves por los agresores, para impedir el acceso a la comunidad, dijo Juan Ramón Paredes Núñez, activista antorchista en la comunidad.
El segundo acuerdo fue que la reparación del camino, por el cual es imposible transitar en vehículo, por las propias condiciones geográficas, lo cual obliga a los vecinos a recorrerlo a pie, obra que queda a cargo del edil de Chietla, Aureliano Morales Palacios.
A decir de Paredes Núñez, los pobladores de Viborillas querían evitar que se realizara la fiesta patronal, querían sabotear el evento, por eso obstruyeron el camino, evitando que el coro de la iglesia, la banda de música y muchos visitantes llegaran a su destino.
También aseguró que el origen del problema es que el presidente del Comisariado Ejidal de Viborillas, Gregorio Sánchez Juárez, pretende apoderarse de 100 hectáreas ejidales argumentando que están en su comunidad, sin embargo -dijo- en esas tierras han vivido vecinos de Huajotitlán por más de 70 años.
Ante este panorama, «ya acudimos a la Secretaría de la Reforma Agraria para encontrar una solución por la vía legal», y denunció que Gregorio Sánchez los ha amenazado diciéndoles que los va a sacar de esas tierras ya sea vivos o muertos, por lo que el Movimiento Antorchista realizará las gestiones necesarias para evitar futuras agresiones.
«Nosotros, como organización, vamos a dar la lucha legalmente, sabemoss que tiene que imperar el orden y la paz; no vamos a caer en sus provocaciones, así como tampoco permitiremos que se violenten los derechos de los compañeros campesinos cuando la ley nos asiste».
Recapitulemos los hechos
«El día jueves, el inspector de la comunidad Isaac Onofre Zaldívar, y su comité, acudió al camino que conecta a Viborillas con Huajotitlán, pues la Secretaría de Infraestructura mandó una máquina para reparar el camino. La maquinaria llegó junto con un camión de volteo; no iban resguardados como se había acordado, ya que existe el antecedente de que el año pasado un grupo de Viborillas impidió la restauración del camino.
«Esta obra de reparación fue gestionada por el Movimiento Antorchista con el gobierno del estado. A la comunidad sólo se puede entrar por este camino, que por sus condiciones únicamente se pasa caminando o en burro.
«Llegamos al lugar los seis compañeros y yo, para indicarle al operador de la máquina el lugar donde habrían de trabajar cuando nos percatamos que Gregorio Sánchez Juárez, presidente del Comisariado Ejidal de Viborillas, acompañado de unas 50 personas armadas con palos, maches y armas de fuego, detuvieron la maquinaria, nos cerraron el paso y comenzaron a vocear –falsamente- «ya llegaron los antorchistas, prepárense porque vienen dispuestos a matar», por lo que la gente de esa comunidad vecina se fue sumando hasta aglutinar aproximadamente un centenar de personas.
«Más tarde llegó la policía estatal, la cual claramente se vio que no estaba del lado de los afectados, pues incluso ellos -los policías- asesoraron a los agresores cómo proceder contra nosotros.
«La situación se tornó peligrosa, pues la muchedumbre estaba armada y enardecida, motivada por una desinformación ocasionada por Gregorio Sánchez, lo que propició que pretendieran incendiar nuestros vehículos, incluso a algunos compañeros les rociaron combustible.
«Ante estos hechos, los elementos policiacos, continuaron sin intervenir, y no fue sino hasta que llegaron vecinos de Huajotitlán a apoyarnos como pudimos salir de ahí».
De esta manera, Juan Ramón Paredes Núñez narró los hechos suscitados el pasado 18 de octubre, tras urgir al gobierno del estado su intervención expedita, pues de lo contrario «el mandatario estatal será el único responsable de lo que pudiera ocurrir más adelante».
