Habitantes de Chalchihuapan –comunidad de Santa Clara Ocoyucan- exigen que el gobierno estatal y el arzobispado de Puebla, medien para que un grupo minoritario de la población regrese un inmueble religioso, que tiene en su poder desde hace ocho años y que pertenece a la comunidad.
Aniceto Peralta García, abogado de los afectados, aseguró que aproximadamente el 75 por ciento de la población pide que el inmueble –construido en el año 2002- sea regresado para beneficio de toda la comunidad.
“La idea original fue que el inmueble, que se construyó contiguo a la Iglesia de San Bernardino Chalchihuapan, debía servir como centro de recepción de peregrinos; y que debía ser administrado por la iglesia”, afirmó el abogado.
Luego de concluir la construcción, un grupo de personas “adineradas”, que lidera Miguel Jiménez, pidió autorización para usar el inmueble por un año, petición que les fue concedida –asegura el abogado. “El problema es que tras ocho años, ya no lo quieren regresar para que la comunidad lo use, dicen que es de ellos, y ahora también quieren construir un salón en un terreno que está a un lado. Pero toda esa zona es propiedad de la comunidad, no de un grupo de personas con dinero. ¿Y luego qué sigue, la iglesia?”, cuestionó Peralta García.
De acuerdo con su versión, otro actor en el problema es el presidente de Santa Clara Ocoyucan, José Cuautle Varela, quien ha enviado a la policía municipal para resguardar las nuevas construcciones, por lo que piden su destitución.
Los deja plantados el gobierno
El viernes pasado, luego de varias gestiones, en el gobierno estatal les ofrecieron una mesa de trabajo entre las tres partes involucradas: los afectados, los invasores del inmueble religioso y el propio gobierno, que se celebraría el jueves 30 de agosto por la tarde.
Los vecinos de Chalchihuapan, encabezados por su abogado y los líderes locales del Movimiento Antorchista en la zona, se apersonaron en las oficinas de gobierno. Esperaron por una hora, a pesar de que ya tenía pactada la hora de la reunión: 6 pm. La parte contraria no se presentó a la reunión y el subsecretario de gobierno, a través de sus subalternos, le dijo que no tenía tiempo.
Por eso, los vecinos anunciaron que realizarán una manifestación en la ciudad de Puebla, el próximo miércoles, para exigir la mediación del gobierno y que el inmueble religioso le sea devuelto a la comunidad. El destino de la manifestación será el gobierno estatal y el arzobispado.
