Washington.-Familias de indocumentados padecen todavía hoy la discriminación, el acoso policial y el peligro de deportación, a cinco años de implementarse la polémica ley antiemigrante SB 1070, en el estado norteamericano de Arizona.
La SB1070 fue promulgada por la entonces gobernadora Jan Brewer, el 23 de abril de 2010, como una herramienta para asfixiar a los indocumentados y causar su autodeportación, recordó un artículo del diario digital californiano La Opinión.
Según la iniciativa, la policía tiene la potestad de verificar el estatus migratorio de todo aquel de quien sospeche se encuentre indocumentado en el estado del suroeste norteamericano.
Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han denunciado el perfil racista de la medida.
La entidad ha documentado el acoso de víctimas de violencia doméstica, de pasajeros y de estudiantes, de los denominados dreamers (jóvenes nacidos en Estados Unidos de padres emigrantes) e incluso de nacionales, detenidos o interrogados por no llevar cédula de identidad.
Pese a que la SB1070 sigue impugnada en las cortes, la parte más nociva de esta ley sigue en pie y está teniendo un impacto muy terrible en la comunidad latina acá, criticó Alexandra Soler, abogada de ACLU, quien ha entablado demandas en nombre de inmigrantes.
Esta ley sigue infundiendo miedo a las autoridades, y alienta la discriminación racial, sostuvo Soler citada por el periódico.
Por su parte, James García, portavoz de la Cámara de Comercio Hispana de Arizona, explicó que el territorio sufrió pérdidas de varios millones de dólares, tras la puesta en marcha de la SB1070 en 2010, por una disminución del turismo y campañas de boicot.
La comunidad empresarial, sobre todo, se ha sumado a estos esfuerzos porque considera que la SB1070 es una anomalía y un error grave de la legislatura estatal, enfatizó García.
Activistas de organizaciones como We Belong Together, Puente Arizona, la Red de Inmigrantes Negros y la campaña Ni una Deportación Más, convocaron para mañana miércoles y el jueves, protestas en ciudades como Phoenix y Tucson, con el fin de llamar la atención sobre el impacto de la SB1070, en particular sobre las mujeres inmigrantes.
Según los organizadores, la denominada «campaña para un Arizona libre de Oficinas de Inmigración y Aduanas (ICE)», que incluirá una marcha frente al capitolio de Phoenix el jueves, busca eliminar la parte de la SB1070 que permite la cooperación entre los agentes de ese organismo con la policía local y que, a su juicio, da licencia para la discriminación de los inmigrantes.
Los activistas también planean cruzar a Nogales, México, donde visitarán un albergue para inmigrantes recientemente deportadas.
