El gobierno federal acordó flexibilizar los requisitos para la segunda fase de licitaciones de la llamada Ronda uno, incluidos cinco contratos de extracción de hidrocarburos en nueve campos de aguas del Golfo de México, trascendió hoy.
En la primera etapa, llevada a cabo el pasado 15 de julio, los convenios eran para exploración, mientras que en esta se trata de contratos de producción compartida para la extracción de hidrocarburos.
Las modificaciones al contrato y bases se realizaron a unas semanas de que el gobierno mexicano lograra colocar solo dos de los 14 contratos de la primera convocatoria.
Para hacer más atractiva la licitación y lograr más asistencia, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) acordó ayer que los interesados paguen 2,5 millones de dólares como garantía de seriedad por todos los contratos que ganen y no por cada uno, como estaba estipulado.
Podrán participar al mismo tiempo como interesados individuales y en un consorcio, con la única condición de que no presenten oferta por el mismo contrato.
En sesión extraordinaria, la CNH, encabezada por Juan Carlos Zepeda, modificó el calendario para la segunda convocatoria, en el que se mantiene el 30 se septiembre como fecha para la presentación de ofertas.
Los comisionados aprobaron que la publicación de empresas precalificadas sea del 14 al 20 de agosto y estas tendrán hasta el 25 de septiembre para hacer ajustes a sus estructuras e incorporar socios financieros no precalificados.
Por su parte el editorial de este miércoles del diario La Jornada, titulado Ronda uno: oportunidad para rectificar, incluye estos y otros puntos de vista.
Además expresa que «en la licitación efectuada solo se adjudicaron dos de los 14 bloques petroleros ofertados, pues por los 12 restantes no se recibieron ofertas o estas resultaron inferiores a los requerimientos mínimos».
Subraya el texto que «Con esta flexibilización -que en realidad es un relajamiento de las regulaciones mínimas esperables en operaciones financieras de esta magnitud-, el gobierno federal abre la puerta a diversos escenarios desfavorables e inciertos».
En este sentido indica «la imposibilidad de un contratista de reparar daños ambientales que podrían volver inutilizable el mar o las zonas costeras y cuya mitigación resulte superior en costos al seguro contratado».
El editorial asegura «que están en juego no simples operaciones entre particulares, sino la cesión de porciones importantes del territorio nacional que quedarán bajo control de las compañías ganadoras de las respectivas licitaciones».
Resalta que «Petróleos Mexicanos (Pemex) se encuentra maniatada para competir y la caída en las cotizaciones internacionales del petróleo lleva a obtener ventajas irrisorias por recursos cuyo valor se incrementará a mediano plazo».
«La autoridad tiene ante sí, en suma, una oportunidad para corregir los extravíos de una reforma energética que fue aprobada sin consultar a la sociedad, pese a tratarse de una decisión que impacta de manera trascendente la configuración misma del país», concluye el editorial.
