– Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas impulsan acciones coordinadas para salvaguardar los derechos de personas afectadas por acoso y hostigamiento sexual.
Con el objetivo de fortalecer las acciones y mecanismos institucionales orientados a promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas damnificadas por acoso y hostigamiento sexual, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI).
En concordancia con lo expresado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ha señalado que la protección a quienes han sufrido violencia debe ser una prioridad del Estado con enfoque en derechos humanos, justicia y reparación integral, el gobernador Alejandro Armenta Mier reiteró que en Puebla se promueve un trato cercano, digno y sensible, a fin de garantizar respaldo institucional, acompañamiento y acceso efectivo a la justicia.
Durante el acto, el secretario Alejandro Espidio Reyes afirmó que este acuerdo representa un avance decisivo para consolidar una política pública integral enfocada en la prevención, atención y erradicación del acoso y hostigamiento sexual dentro del servicio público. Señaló que la administración estatal impulsa entornos laborales seguros mediante mecanismos claros de denuncia, respuesta oportuna y acompañamiento institucional.
Por su parte, el titular de la CEEAVI, Pedro Alberto Plaza Montaño, destacó que este instrumento fortalece la capacidad institucional para brindar apoyo integral y especializado. Indicó que esta colaboración permitirá consolidar estrategias más eficaces y reiteró el compromiso de la Comisión con la defensa de los derechos de las personas afectadas, mediante una intervención sensible, eficiente y orientada a la reparación del daño.
En el evento participaron autoridades y personal de ambas instituciones, quienes refrendaron su compromiso con la transparencia, la legalidad y la protección de los derechos de la ciudadanía. Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Puebla reafirma su compromiso con la integridad institucional y la construcción de un servicio público más justo, humano y cercano a la sociedad.
