México.- Forenses mexicanos y argentinos continúan hoy el proceso de identificación de restos humanos hallados en fosas clandestinas en el estado de Guerrero, donde esperan encontrar respuestas a la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
En un remoto paraje del municipio de Cocula, en Guerrero, peritos e investigadores analizan fosas donde sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, detenidos por las autoridades, señalaron que fueron concentrados los estudiantes capturados el 26 de septiembre pasado en el vecino municipio de Iguala.
El Procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo, dijo que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto prefiere la tardanza para poder llegar a la verdad, a adelantar versiones no comprobadas sobre los hechos.
Murillo explicó que el proceso de identificación de los restos encontrados es complejo y precisa de laboratorios especiales.
Tenemos declaraciones de que en ese lugar se concentraron los grupos que detuvieron a los estudiantes y se tomaron acciones diversas, dijo la víspera en una conferencia de prensa realizada en Acapulco.
La zona es un barranco de unos 20 metros de profundidad donde antes funcionó el basurero municipal, según vistas aéreas tomadas por un canal de televisión local.
Por su parte el titular de la Secretaria de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio, informó que 10 mil efectivos de la PGR, el Ejército, la Marina de Guerra, la Policía Federal y Gendarmería Nacional están desplegados en Guerrero.
Osorio subrayó los acuerdos con el gobernador interino de la entidad, Rogelio Ortega, para establecer controles de confianza, depuración y calificación de los organismos de seguridad del estado, en particular las policías municipales.
Indicó que la intervención federal se concentrará en 17 municipios de la llamada Tierra Caliente de Guerrero, utilizada por el narcotráfico para el trasiego de amapola y marihuana.
El secretario de Gobernación expresó que el gobierno reconoce el derecho a la protesta a quienes reclaman por el paradero de los jóvenes de la escuela rural de Ayotzinapa, aunque insistió que tales manifestaciones deben ocurrir en el marco del orden establecido.
Así también se expresó el gobernador Ortega, quien dijo que no criminalizará las protestas sociales y tenderá puentes de diálogo y cooperación con los familiares y sectores que reclaman justicia por el caso Iguala.
