Periodistas, activistas y defensores de derechos humanos presentaron una denuncia contra el Gobierno federal por los delitos de espionaje e intervención ilegal de comunicaciones privadas.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión por cargos para los cuales las leyes dictaminan prisión entre seis y 12 años.
En total fueron 15 personas las que pudieron haber sido objeto de espionaje gubernamental entre 2015 y 2016, según revelaciones del diario The New York Times, que impactaron aquí.
Tales ilícitos fueron realizados a través de un programa comercializado por la agencia israelí NSO Group y adquirido por al menos dos dependencias federales: la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Con el programa israelí las autoridades del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto intervinieron teléfonos celulares y computadoras de periodistas y defensores de derechos humanos, entre ellos los que apoyan a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014.
Según Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, dijo que la vigilancia fue altamente invasiva, ‘le da un gran poder al atacante, se lleva a cabo en secreto e implica el riesgo agravado de abusos’.
‘¿Dónde está la información? ¿Qué hicieron con ella? Tenemos derecho a saberlo’, señaló la periodista Carmen Aristegui durante la presentación del reporte.









