Ana Paola Flores León.-
Hace poco se confirmaba lo que parecía improbable: en medio de una fuerte disputa política en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, un bloque mayoritario decidió continuar con un paquete fiscal que incluye aplicar un impuesto del 5% a las remesas enviadas por trabajadores mexicanos a sus familias en México. Es decir, a ese dinero arrancado con horas extras, trabajos mal pagados y sacrificios enormes en el extranjero, ahora se le sumará una nueva deducción.
La medida no es menor. Cada año, millones de familias mexicanas dependen de las remesas para comer, pagar una renta, comprar medicinas o sostener una educación. No se trata de fortunas, sino de sobrevivencia. Y, sin embargo, es a esos modestos envíos a quienes se les aplicará un castigo fiscal, mientras los grandes capitalistas siguen acumulando fortunas inimaginables sin que se les toque un solo centavo más.
Y es que, mientras las élites del país vecino buscan cómo sostener su dominio económico, no dudan en sacrificar a los más vulnerables. La crisis que hoy vive EE. UU. no es una simple desaceleración económica: es el colapso de un modelo basado en la sobreexplotación de la clase trabajadora, tanto en su propio país como en los nuestros.
Durante décadas, su economía creció a costa de desmantelar industrias en todo el mundo, trasladando capitales para explotar mano de obra barata en países empobrecidos. Hoy, ese modelo hace agua, y el costo lo quieren trasladar a quienes menos tienen.
Imponer impuestos a las remesas no solo es cruel, es profundamente injusto. Se trata de gravar el trabajo ajeno, el ahorro, el sacrificio de migrantes que ya fueron expulsados de su país por falta de empleo, por violencia, por la falta de oportunidades. Ahora, además de cargar con el desarraigo y el racismo, también cargarán con un nuevo tributo.
En México, la respuesta oficial ha sido tibia y vergonzosa. Muchos políticos de la Cuarta Transformación han salido a declarar su “indignación” y han prometido “gestiones diplomáticas”. Pero más allá de las frases altisonantes y las giras de foto, no hay un solo plan serio para enfrentar esta agresión ni para cambiar la realidad de fondo. Porque lo cierto es que, desde hace décadas, millones de mexicanos migran porque aquí no hay futuro. Y ese drama no se resuelve con discursos.
¿Dónde está el programa nacional que garantice empleo digno para todos? ¿Dónde está la inversión pública que recupere las regiones más abandonadas del país? ¿Quién va a decirle a los millones de mexicanos en el extranjero: “Vuelvan a casa, aquí hay trabajo para ustedes”? Nadie lo dice, porque no lo están haciendo.
Mientras tanto, el panorama nacional también es desalentador. Según datos del INEGI, en 2024 se tuvo la peor creación de empleo en más de una década. La informalidad crece, los salarios siguen siendo insuficientes, y los jóvenes siguen sin futuro. ¿Cómo puede alguien quedarse aquí, si lo que se ofrece es sobrevivencia apenas digna?
Este impuesto no es un hecho aislado: es parte de un sistema que castiga al trabajador y protege al capital. Es una muestra más de cómo el poder económico mundial se sostiene a costa de los más pobres. Pero también es un llamado de atención para quienes seguimos aquí: o nos organizamos y luchamos por un país donde no sea necesario migrar, o seguiremos viendo cómo nuestros hijos, nuestros hermanos y nuestros amigos son explotados allá… y acá también.
No es justo. No es inevitable. Y sí se puede cambiar. Pero para eso hay que decirlo claro: los trabajadores no son los culpables de esta crisis. Son las víctimas. Y merecen justicia, no más impuestos.
