Varios miles de indígenas llevan años en prisión a la espera de recibir sentencia.
Unos ocho mil ciudadanos originarios están en esa situación, y para buena parte de ellos todo se complica, pues no hablan el español.
El portal Animal Político da cuenta de la historia de Adán de la Cruz, de 45 años, un indígena zapoteco del estado de Oaxaca que lleva siete años preso esperando a que un tribunal decida si es culpable o no de dos delitos de secuestro.
Su caso es peculiar, pues su lengua nativa es el zapoteco, no entiende bien el español y fue obligado a firmar en ese idioma una declaratoria de culpabilidad.
Desde ese entonces intentó comprobar su inocencia pues, de acuerdo con las pruebas que ha presentado, él se encontraba a 768 kilómetros de distancia del lugar donde se cometió el delito del cual se le acusa.
El juez que lleva el caso argumenta que el proceso se retrasó por la falta de traductores y la carga de trabajo de la Defensoría Pública, que a su vez cuenta con pocos abogados.
En México hay 18 millones de indígenas que hablan 68 idiomas y alguna de sus 364 variantes.
Por su parte, el Instituto Federal de Defensoría Pública tiene 25 abogados y 21 oficiales administrativos para atenderlos. Ello significa que por cada 600 mil habitantes indígenas hay sólo un defensor federal de oficio.
La Defensoría Pública Federal solo atiende casos que implican delitos federales como el tráfico de drogas, el secuestro o el crimen organizado.
En 2015 el Senado mexicano pidió mayor justicia para las poblaciones originarias, por lo que se presentó una iniciativa de ley para exigir la acreditación profesional de los defensores públicos especializados en pueblos indígenas y garantizar su servicio en todas las etapas del proceso penal. Pero a la fecha, la legislación sigue sin concretarse.
