Martín Antonio Escamilla Meza.-
Encabezados por Rosa López Hernández, un pequeño grupo de no más de 50 personas, tomaron ilegalmente el salón social ejidal; las propias autoridades de seguridad y de gobernación, con Marco Balseca a la cabeza, en pleno contubernio con dicho grupo, presionaron a tres ejidatarias para que salieran del inmueble, so pena de verse violentadas por la turba enardecida, mismas que se habían sostenido en un pequeño cubículo para evitar la consumación del despojo. Ese mismo grupo, con la presencia de la policía municipal, tomó las instalaciones del campo de beisbol y amenaza con la toma de los panteones.
Desde tiempo casi inmemorial, los ejidatarios poseen lo que es hoy la superficie del salón social, del campo de beisbol y de los panteones; estas superficies nunca han sido propiedad del municipio, ni nunca han estado en posesión del municipio. Nunca.
En 1976 se publicó un decreto de expropiación afectando estas superficies, “por causa de utilidad pública”. Pero resulta que los ejidatarios jamás fueron indemnizados y el ayuntamiento nunca tomó posesión y menos regularizó los espacios dentro del término de 5 años con lo que la acción expropiatoria prescribió.
Por si hubiera duda de quien ha tenido la posesión de esos espacios, el Juez Municipal de Tehuacán emitió una resolución el 9 de diciembre de 2025 que establece que la posesión de la multicitada superficie ha estado en favor del ejido San Vicente cuando menos desde hace 50 años. En un oficio firmado el 26 de junio de 2025, el director de asuntos jurídicos del H. Ayuntamiento de Tehuacán, sostiene “que dichos inmuebles no son patrimonio municipal…”. El doctor Alejandro Barroso Chávez, en un informe justificado del 16 de julio del 2026, expresa que el inmueble en cuestión, dada su naturaleza jurídica, es del núcleo agrario ejidal y que su ayuntamiento carece de competencia legal para emitir cualquier orden de desalojo, de lanzamiento o desposesión respecto de dicho inmueble, al no formar parte dicho inmueble del patrimonio municipal. De la misma manera, el director de Seguridad Pública Municipal, licenciado Adán Méndez García, manifiesta exactamente lo mismo en un informe justificado del 20 de julio del 2026. Además, la dirección de catastro municipal, emitió un registro catastral el 28 de enero del 2026, en donde se reconoce como legítima posesionaria a la entonces presidenta del comisariado ejidal, a la ciudadana María Guadalupe Espíndola Ponce.
El campo de beisbol corresponde a parcelas del Ejido que por acuerdo de los ejidatarios se destinaron para ese fin. Siempre han estado en posesión del Ejido; y ahora, también cuentan, con constancia de posesión de hace 50 años, por parte del Juez Municipal y con su respectiva clave catastral municipal.
Finalmente, en el caso de los terrenos de los panteones, también son bienes ejidales; existen dos sentencias del Tribunal Unitario Agrario Distrito 47, ambas emitidas el 30 de junio del 2026 en las que se ordena al Registro Agrario Nacional en el Estado expida gratuitamente el certificado parcelario en favor del Ejido de San Vicente como titular de la parcela 118 y 70 con el destino específico de panteón.
El Ejido, pues, había sido el legítimo posesionario de los bienes ejidales en mención, por ende, sólo él tiene derecho y toda la autoridad para administrarlos y para rendir cuentas a sus integrantes.
Hasta antes del arbitrario e ilegal despojo, el uso y disfrute del salón social ejidal, través de diferentes actividades cívicas, deportivas, educativas, sociales era totalmente gratuito, como le consta a la comunidad; y en el caso de salón social sólo se cobraba una cuota simbólica, que se usa para el mantenimiento del local, por eventos especiales esporádicos como bodas o XV años, por ejemplo; y 7 pesos por acceso a los baños. En lo que toca al campo de beisbol los equipos varoniles pagan 200 por partido, los de mujeres y los infantiles 100 pesos por partido, lo que se usa para el mantenimiento de las instalaciones, la entrada de los espectadores es totalmente gratuita. En los panteones que son para todos los habitantes del casco de la población, por acuerdo de los ejidatarios, sólo se cobra 5 mil pesos por sepultura nueva y 2 mil quinientos por sepultura encimada, todo los demás trámites y pago de servicios de las inhumaciones son municipales.
No es la primera que ese grupo que hoy comanda Rosa López realiza actos violentos contra los ejidatarios y ciudadanos: en el mes de julio de 2023, impidió violentamente la realización de una asamblea ejidal de cambio de autoridades, intimidó a un grupo de ejidatarios y golpeó con marros las puertas del salón social ejidal para apoderarse de él. Gracias a la intervención de gobernación estatal ante el ayuntamiento intervino la policía, se protegió a los ejidatarios, se clausuraron las puertas del salón y posteriormente la propia autoridad municipal les otorgó la razón a los ejidatarios.
Ese mismo grupo impulsó la toma violenta de las oficinas ejidales en junio del 2023, que estuvieron cerradas por más de un año; hasta que el grupo rijoso fue obligado por la fuerza pública a entregar ese bien ejidal por una orden judicial, pues, como ahora estaban cometiendo el delito de despojo. También, en septiembre del 2023, reventaron con violencia una asamblea para la elección del comité del agua potable.
La lucha que culminó con la creación del Ejido en 1938 y una ampliación de la dotación en 1944 trajo como resultado el establecimiento del pueblo de San Vicente Ferrer. Por eso, pretender enfrentar a los ejidatarios con el pueblo es un acto totalmente injustificado, es un total despropósito.
Los ejidatarios no pretenden adueñarse de esos bienes ejidales en forma personal para su venta, fraccionamiento o beneficio particular; tramitar la escrituración de la superficie de los bienes en disputa es para proteger esos bienes ejidales que seguirán prestando servicio a la comunidad, administrados por sus legítimos derecheros que son los ejidatarios. El local de la inspectoría seguirá siendo ocupada por los inspectores en turno.
Rosa López y sus seguidores están engañando al pueblo y están cometiendo graves delitos de los cuales tendrán que responder ante la justicia si ésta se aplica correctamente, pues los legítimos posesionarios de las superficies que tomaron, son los ejidatarios; las autoridades municipales tendrán que definirse si no quieren seguir jugando el papel de cómplices u omisos ante la consumación de los delitos en favor del estado de derecho y la paz social.
