Hipólito Contreras/
La nueva Ley General de Transparencia y Accesos la información Pública no garantiza cuentas claras a la sociedad sobre el uso de recursos público aun cuando contenga nuevos elementos y mayores sanciones a funcionarios.
Organizado por la Red Mexicana de Franquicias y la BUAP, en el Centro de Innovación y Competitividad Empresarial (CICE) se realizó el Foro “Combate a la corrupción desde la sociedad civil y análisis de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.
En el evento que contó con la participación de empresarios y académicos, Enrique Vargas Medina, presidente de la Red Mexicana de Franquicias, comentó que la nueva Ley General de Transparencias si bien ofrece más obligaciones para los funcionarios públicos tiene candados que limitan una completa información a los ciudadanos.
Expuso un ejemplo sobre manejo de los recursos federales a las franquicias, Fondos Pyme a cargo del Instituto Nacional del Emprendedor, durante el gobierno de Felipe Calderón, actualmente se pidió información sobre irregularidades en la entrega de recursos, la respuesta fue que se haría una investigación, lo que no sabemos, dijo, es en dónde quedaron los más de 62 millones de pesos que se entregaron en esa ocasión.
Expuso que por ejemplo la sanciones a funcionarios que no acaten las disposiciones llegan a los mil 500 días de salario mínimo, cantidad que pagan sin mayor problema.
Indicó que con la nueva ley efectivamente los funcionarios están obligados a informar a los ciudadanos, con informar cumplen pero ellos pueden informar lo que quieren.
Es el Congreso del estado quien designa al comisionado luego de una convocatoria que se publica, los aspirantes deben de pasara por varios filtros para que al final el Congreso tome una determinación.
En el Foro Jorge Luis Lima Villegas, integrante de la unidad de transparencia de la BUAP, afirmó que la nueva ley de Transparencia y Acceso a la información representa un esfuerzo más del Congreso porque se transparente la información pública a los ciudadanos, es una ley mejor elaborada, dijo, con mayores compromisos y obligaciones a los funcionarios.









