Una jueza federal bloqueó una nueva iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para restringir la ciudadanía estadunidense por nacimiento, al considerar que la medida entra en conflicto con la Constitución y con un reciente fallo de la Corte Suprema.
La jueza Deborah L. Boardman, de Maryland, emitió una medida cautelar preliminar contra la orden ejecutiva firmada por Trump el 6 de agosto, que buscaba limitar la ciudadanía automática para determinados niños nacidos en Estados Unidos.
La disposición apunta, entre otros casos, a hijos de extranjeros que ingresan al país con el propósito de obtener la ciudadanía para sus hijos mediante el llamado “turismo de parto”, así como a menores cuyos padres tengan vínculos a embajadas, organizaciones extranjeras o sean considerados “enemigos extranjeros”.
Boardman sostuvo que la nueva orden presidencial probablemente viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que establece la ciudadanía para las personas nacidas en territorio estadunidense.
La decisión de la jueza responde a una demanda colectiva presentada por familias inmigrantes y organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes ante la nueva orden ejecutiva.
La magistrada también se apoyó en un fallo emitido por la Corte Suprema en junio, que rechazó un intento anterior de Trump de poner fin de manera más amplia a la ciudadanía por nacimiento para los niños cuyos padres están en Estados Unidos temporalmente o sin autorización legal.
La administración de Donald Trump había argumentado que la impugnación era prematura, debido a que las agencias federales encargadas todavía no habían terminado de elaborar las directrices necesarias para aplicar la orden.
El gobierno de Donald Trump elevó la presión sobre los estados para que colaboren con su política migratoria al establecer que podrían perder fondos federales si no proporcionan información sobre inmigrantes ilegales.
La medida surge de una nueva interpretación jurídica emitida por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia a una disposición federal relacionada con dos programas de asistencia pública: la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI). Los estados que participan en estos programas tendrían la obligación de informar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre migrantes sin estatus legal en el país.
