Hipólito Contreras/
La Casa del Escritor no se vendió, sino que fue donación al Instituto de Acceso a la Información, esta casa tuvo mucha polémica, el señor gobernador dio instrucciones para que se donara a la anterior CAIP que carecía de un inmueble con el fin de que mantenga su autonomía y trabaje en mejores circunstancias.
En su comparecencia en el Congreso del Estado, Alejandro Torres Palma, titular de la Contraloría del Estado, indicó que de acuerdo a la ley de bienes del Estado, los bienes propiedad del gobierno estatal no destinados a un servicio público, o que no disfruten iguales privilegios, pueden enajenarse siempre que no existan razones de conveniencia.
Indicó que las enajenaciones de dichos bienes se harán se harán pero con la obligación del gobierno estatal de salvaguardar en cada caso los intereses generales y darle a las enajenaciones un sentido práctico en beneficio de la colectividad.
Expuso que en esta administración se buscó que siempre se cumpliera la ley, nosotros contraloría tenemos que buscar y garantizar que se eleven los niveles de eficacia y productividad.
Se consideró que existían bienes inmuebles que no tenían un servicio público, eran ociosos, en lugar de beneficiar al estado, generaban un gasto, se tenía que pagar mantenimiento, vigilancia, por lo que se decidió desincorporarlos como parte de la estrategia de fortalecimiento de las finanzas públicas estatales y poder transformar esos recursos en cuestiones productivas.
Informó que en diciembre se informó que la desincorporación de bienes iba ser mediante subastas, se trabajó en el valor catastral comercial, “verificamos que todo el procedimiento cumpliera con la ley, la venta de los inmuebles nunca estuvieron por debajo de los valores catastrales comerciales”.
