La inmaculada autonomía sindical

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Los abusos y privilegios de líderes sindicales en México no son novedad. Forman parte de nuestro folclórico mosaico político. En nombre de los derechos de los trabajadores y en defensa de la bendita autonomía sindical se cometen todo tipo de excesos, tanto patrimoniales como retóricos.

La autonomía sindical es un principio y derecho universalmente reconocidos. En México está consagrado en el artículo 123 constitucional. Se trata de respetar y evitar toda injerencia externa en la vida interna de los sindicatos.
El problema es que, en aras de respetar al máximo esa autonomía, la Ley Federal del Trabajo, promulgada en 1970, introduce preceptos que se traducen en auténticos incentivos para el abuso de los líderes en detrimento de los trabajadores y en agravio de la sociedad.
Esta es la realidad: todo centro de trabajo debe tener contrato colectivo entre el patrón y un sindicato; todo trabajador de esa empresa debe pertenecer a ese sindicato; la cuota sindical del trabajador le es retenida obligatoriamente por el patrón (cual impuesto); teóricamente, el líder del sindicato debe rendir cuentas en asamblea cada seis meses pero su incumplimiento no conlleva sanción alguna (es norma imperfecta, pues); la elección —y reelección— de la directiva de los sindicatos no tiene que ser por voto libre, directo y secreto sino mediante mecanismos que permiten al líder identificar quién está con él y quién no, con sus consecuencias; la osadía de pedir cuentas sobre el destino y aplicación del patrimonio sindical puede indignar al líder, también con sus consecuencias; y esas consecuencias podrían conducir a la expulsión del agremiado del sindicato, a través de cómodas comisiones «de honor y justicia» con el desenlace monstruoso de ser despedido de su trabajo, sin derecho a liquidación, a petición del ofendido líder sindical. Todo esto, sí, todo, al amparo de la ley vigente.
Sea por miedo a amenazas y reacciones de los gremios; sea por conveniencia política, o por ambas, esta situación prevalece intacta. El PAN presentó su iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo el 18 de marzo del 2010 (reforma laboral) misma que busca atajar, de una vez y por todas, estos abusos, excesos y opacidad en la vida sindical.
La reacción del PRI y de los liderazgos sindicales que le acompañan y pertenecen (se pertenecen unos y otros) fue de tronante descalificación y la propuesta se turnó a la conocida y atiborrada congeladora de San Lázaro.
Un año después vino la iniciativa de reforma laboral del PRI, coincidente en muchos aspectos con la del PAN, pero dejando a salvo, para no ser tocado ni con el pétalo de una coma, el capítulo de la autonomía sindical.
La reforma laboral del PAN plantea: voto libre y directo para elegir directivas de sindicatos; prohibir a los patrones retener, del salario de los trabajadores, las cuotas sindicales; rendición de cuentas obligatoria (sanción por incumplimiento) por todo medio posible cada semestre; dictamen de auditor externo de los resultados de la gestión presupuestal en sindicatos de más de 150 agremiados; y eliminar la cláusula de exclusión por separación a fin de impedir que un trabajador sea despedido por ser expulsado o abandonar su sindicato.
Y como el miedo no anda en burro, el PRI ahora se dispone a cerciorarse de que la próxima Legislatura tenga cancerberos de peso, palomeados por Peña, para evitar cualquier nueva intentona de meterse con la inmaculada autonomía sindical. Lo hacen como de costumbre, clavando en sus listas plurinominales para ambas cámaras a distinguidos cuadros dirigentes de distintos sindicatos y centrales.
En efecto: como premio por no haber avanzado en dictaminar la reforma laboral, pese a haber sido su mandato expreso, el hoy diputado federal y líder mexiquense de la Confederación de Trabajadores de México, Armando Neyra, va como número tres al Senado.
Le acompaña en tan importante misión el líder petrolero Carlos Romero Deschamps en el lugar 7; y el líder de los burócratas, Joel Ayala, en la novena casilla de tan privilegiada lista.
Y a San Lázaro, también vía plurinominal, va quien hoy ocupa la Presidencia de la Comisión del Trabajo del Senado, número dos de la CTM, Carlos Aceves del Olmo. Tendrán igual suerte Patricio Flores (líder del sindicato de radio y televisión); Ricardo Aldana (tesorero del sindicato petrolero) y Adrián Sánchez Vargas (líder del sindicato de azucareros).
Puede la ciudadanía hacer algo más que indignarse ante los abusos, privilegios y excesos sindicales. Puede votar por quienes estamos a favor de un cambio radical en la materia y dispuestos a remover obstáculos que impiden o limitan el desarrollo del país. Por contra y para que conste: votar por Peña Nieto y los candidatos del PRI al Congreso de la Unión significa consentir, tácitamente, que prevalezcan esos abusos, privilegios y excesos. Tú decides.