Soraya Córdova Morán.-
La mañana del martes 26 de mayo, más de 3 mil estudiantes protestaron en Casa Aguayo pidiendo que el Gobierno estatal solucione un pliego de necesidades urgentes y básicas para mejorar la calidad de la educación en varias secundarias, bachilleratos y en Casas del Estudiante de la Sierra Norte, la Mixteca y la capital.
Se trató de una marcha ordenada, pacífica, que no hizo desmanes de ninguna clase, pero que sí exigió, con la fuerza, la alegría y la valentía de la juventud, que sus demandas sean escuchadas y atendidas, porque se trata de las necesidades de miles de estudiantes de todo el estado.
Los jóvenes deben ser escuchados por el Gobierno estatal, por la Secretaría de Gobernación, por la Secretaría de Educación Pública y por todas las instancias del gobierno involucrados en la educación, porque —en primer lugar— están en su derecho constitucional de ser atendidos como ciudadanos del estado. Ellos son parte de la ciudadanía a la que el gobierno le debe dar resultados, le debe dar soluciones a sus problemas, le debe dar una vida mejor o, en este caso, una educación mejor.
En segundo lugar, el Gobierno estatal tiene la obligación constitucional de atenderlos, de recibirlos, de escucharlos y, si sus peticiones son racionales, de resolverlas con el dinero del gobierno, que no es otra cosa más que el dinero de los poblanos trabajadores.
Pero la verdad es que muchos políticos olvidan que cuando andaban en campaña política buscando votos para ganar el cargo o que cuando asumieron sus funciones en el gobierno, todos juraron ante la constitución que trabajarían por los poblanos, que escucharían sus necesidades en las colonias y comunidades de las zonas urbanas o de los municipios más alejados, que sudarían todos los días buscando soluciones a los graves problemas que aquejan a nuestro estado, como la pobreza, la miseria, la inseguridad, la explotación laboral excesiva, la falta de servicios básicos, así como muchas otras cosas que no detallo porque la lista es larga. Pero entre las cosas que deben ser atendidas con urgencia está la educación.
Los ciudadanos no queremos que el gobierno nos solucione todos los problemas de la vida, pero sí que recuerde que su deber es trabajar para mejorar sustancialmente la vida de los poblanos. Por lo tanto, la Secretaría de Gobernación de Puebla debería repensar en la política de oídos sordos que ha empleado contra los jóvenes estudiantes, que le piden —la verdad— pocas cosas para mejorar su educación.
¿Cuáles son las demandas de la FNERRR? Piden literas y colchones, lockers para las casas del estudiante en varios municipios del estado, apoyo económico para los comedores de los albergues estudiantiles —en los que diariamente se alimentan más de 2 mil jóvenes pobres— butacas, pizarrones, mesas, libros, computadoras y otras necesidades para varias escuelas de la zonas marginadas de la capital, de la Sierra Norte, la Sierra Negra, el Valle de Atlixco o la Mixteca, así como infraestructura educativa para bachilleratos, y para la casa del estudiante del CBTa No. 168.
La marcha de 3 mil estudiantes del pasado martes 26 de mayo fue completamente ignorada por la Secretaría de Gobernación de Puebla. Todos, adentro de las oficinas de gobierno, se enteraron de la marcha. Pero nadie salió a atender a los jóvenes. Nadie los recibió. Y nadie los ha llamado aún. Y pregunto: ¿ése el gobierno que nos representa a todos los poblanos? ¿Un gobierno que no atiende a la juventud, es el gobierno que nos resolverá los problemas de pobreza, inseguridad, etcétera? Cada quién que piense su respuesta y actúe conforme a ella.
Sabemos que, si no hay soluciones o pláticas serias, la FNERRR seguirá luchando por sus demandas y que volverá a marchar en las próximas semanas por varías arterias principales de la capital y del interior del estado, llegando a varias oficinas del gobierno para protestar. Ojalá que, el secretario de Gobernación o el secretario de Educación Pública impidan, con su trabajo, las protestas legítimas de los jóvenes estudiantes.
