Valentín Gómez.-
Entre los muchos pendientes que le dejó el expresidente López Obrador a su sucesora Claudia Sheimbaum está la situación del campo mexicano, situación que desde hace muchos años se ha venido agravando; el agro en nuestro país ha sido abandonado por los gobiernos en turno incluyendo los de la autollamada Cuarta Transformación.
Desde hace muchos años el campo mexicano enfrenta cuatro problemas fundamentales que no se han podido resolver: migración y repatriados, tendencias proteccionistas y mercados agroalimentarios erráticos, pobreza y desigualdad, y gobernabilidad rural; a esto se suma la pobreza estructural, las cifras y proporción de pobreza entre los campesinos se mantienen igual que desde hace 20 años y los indicadores de deterioro siguen incrementándose.
Al asumir la presidencia de México la Doctora Claudia Sheimbaum en sus primeros pronunciamientos en referencia al campo sostuvo que mantendrá el programa sembrando vida así como los otros programas paliativos de su antecesor, en otras palabras mantendrá la misma política fallida, pues todos sabemos que en el sexenio pasado se nos “vendió” como un gran logro esos programas que en nada han ayudado al campo pese a la propaganda con la que se les dio difusión.
Con la llegada de MORENA al gobierno federal el sector agrario sufrió otros duros golpes en recortes presupuestales, cancelación de créditos y apoyos técnicos; unos ejemplos con datos estadísticos nos dan una idea de que este sector ha sido relegado y desmantelado por “el gobierno de la esperanza”. En 2018, el gobierno federal destinó 72 mil 125 millones de pesos de presupuesto para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; para 2021, redujo este presupuesto a 49 mil 291 millones, un recorte del 31.7%, equivalente a 22 mil 834 millones; en 2018, la financiera nacional de desarrollo, institución crediticia, otorgó 74 mil 736 millones de pesos en financiamientos, mientras que en 2021 esta cantidad se redujo a sólo 48 mil 130 millones de pesos, un recorte de 26 mil millones de pesos, o sea el 36%, pero no conforme con eso, la financiera rural fue cerrada alegando corrupción, corrupción que brotó en todos los programas del expresidente.
Las consecuencias de estas políticas erráticas han golpeado tanto al campo que se ve muy difícil su recuperación si no se le considera como un sector primario en la vida del país y si no cambian las políticas que se le siguen aplicando desde la presidencia de la república; pues la caída de la producción nacional, la caída de la superficie de siembra, la falta de instrumentos para su desarrollo indiscutiblemente le pegan a la autosuficiencia alimentaria y nos ponen a merced de las importaciones, poniendo en verdadero peligro la soberanía alimentaria y nacional.
La agricultura es un sector relativamente pequeño en México, sigue a la baja con respecto a la economía total, con cerca del 3.7% del PIB de acuerdo a cifras del INEGI.
Otro de los grandes pendientes y que han salido a la luz pública en distintas ocasiones son las injustas condiciones laborales en que los empresarios del campo de los estados del norte del país mantienen a los jornaleros agrícolas y que pese a investigaciones gubernamentales que se han realizado esta situación la viven día con día nuestros campesinos; en los campos de baja california, Sinaloa, Jalisco y Chihuahua entre otros, prevalece un modelo de explotación y desigualdad, en donde los empresarios del campo mediante conexiones políticas han aumentado su dominio y se han quedado con los apoyos gubernamentales mientras mantienen a sus jornaleros con formas indignas, inseguras y en explotación laboral, ejemplo de ello son los trabajadores que mantienen contacto con plaguicidas, éstos no tienen la ropa adecuada para protegerse del daño de los químicos, los propietarios contratan a los trabajadores mediante enganchadores (una especie de outsourcing a la mexicana) para evadir cualquier responsabilidad y mantienen trabajando a personas de la tercera edad, mujeres y niños con todas las irregularidades que esto conlleva.
Las condiciones laborales que contravienen las normas persisten en la gran mayoría de los estados del país; entre 2006 y 2017 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), realizó 2,557 visitas de inspección a los campos agrícolas, donde encontró 55,807 irregularidades, la STPS impuso 58.3 millones en multas, pero las empresas solo han pagado el 2.5% de la multa ya que han acudido a procedimientos legales para no liquidar las sanciones. Una de las fallas más recurrentes en materia de seguridad e higiene es el manejo de plaguicidas y agroquímicos; entre 2013 y 2017 la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo realizó 333 operativos, las autoridades encontraron 12,532 irregularidades entre las que destacan que a los jornaleros que manejan plaguicidas no se les practican exámenes médicos para monitorear su salud, no se les brinda equipo de protección personal y en algunos campos no hay ni siquiera agua y jabón para que se laven las manos.
Estos son los retos que deben ser corregidos de fondo, no en el discurso de la nueva presidenta, es urgente apoyar a los pequeños productores, proporcionarles asistencia técnica, créditos a bajo costo, proteger el sector agrícola de importaciones indiscriminadas y revisar la efectividad de los programas.
