El pasado viernes fue detenida la jueza del estado de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, por integrantes de la Guardia Nacional, por presuntos delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Es la segunda detención ilegal en su contra, tras la de la semana pasada en Veracruz, llevada a cabo por agentes de la Policía Estatal. En esta ocasión fue puesta a disposición de la Fiscalía de la Ciudad de México, en cuyas instalaciones permaneció incomunicada, antes de ser trasladada a Veracruz. Este hecho es violatorio de sus derechos, de su presunción de inocencia y del derecho a una justicia independiente, que es de todos. Por ello, las organizaciones firmantes exigimos que cese la violencia institucional en su contra.
Si bien este hecho es particularmente indignante, no hace más que sumarse a una cadena de actos, mensajes y gestos que pueden calificarse como ataques a la independencia judicial, que hemos atestiguado en los últimos meses, desde las manifestaciones en apoyo al presidente de la República, en las que se quemó un muñeco con el rostro de la Ministra Presidenta Norma Piña, hasta las marchas para denunciar la corrupción en el Poder Judicial y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con ataúdes con la imagen de la Ministra Presidenta y del ministro Alberto Pérez Dayán incluidos, pasando por la descalificación continua en las conferencias matutinas del titular del Ejecutivo.
Por los dichos del propio gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se entiende que el verdadero motivo de la detención de la jueza la semana pasada fue por el sentido de una de sus resoluciones (y no por los presuntos delitos que adujeron los policías estatales, que pudieron ser fabricados). No tenemos motivos para creer que la nueva detención, en la Ciudad de México, no sea igual de arbitraria.
De la misma manera, los ataques recientes a otros miembros de la judicatura, tienen también la intención de inhibir su trabajo y violan la independencia judicial.
Es importante recordar que las personas juzgadoras tienen independencia de criterio, por lo que el sentido de sus resoluciones no puede ser una causa que justifique su detención. Esto sería sumamente grave en términos de la independencia de las y los juzgadores. Por ello ninguna legislación lo permite, ni lo prevé como causal para iniciar un proceso penal.
Las organizaciones firmantes exigimos:
Que se respeten los derechos humanos de la jueza, sobre todo su derecho a la presunción de inocencia y el debido proceso.
Que cese la violencia institucional en contra de la jueza Sánchez y se asegure la integridad de ella y su familia.
Que se respete el trabajo de todos los miembros de la judicatura, en el esquema de pesos y contrapesos que prevé el sistema democrático.
Que el Poder Ejecutivo Federal y los estatales respeten el principio de independencia judicial.
Reiteramos: la violencia en contra de la jueza Sánchez es una amenaza en contra de todas las personas juzgadoras del país, por lo que pone en riesgo nuestro derecho a una justicia independiente y libre de cualquier presión e interés ajeno a la aplicación del derecho, condiciones que garantizan el acceso a una justicia imparcial de la sociedad en su conjunto.
