Panamá.-El Departamento del Tesoro ofreció detalles sobre las licencias limitadas de operaciones por un mes al Balboa Bank and Trust y Balboa Securities, ambos panameños y sancionados extraterritorialmente por supuesto lavado de dinero, se conoció hoy.
Las instituciones financieras aparecen en la Lista Clinton, como parte de 68 empresas y nueve ejecutivos panameños acusados por Estados Unidos de integrar la Organización Waked de lavado de dinero y por ello fueron intervenidas por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) desde el pasado 5 de mayo.
Como condicionante para las licencias anunciadas, está la continuidad de la administración de la SBP y las mismas permiten desarrollar hasta el 14 de junio próximo transacciones de ciudadanos y entidades estadounidenses, quienes deberán emitir un informe al Tesoro de su país de tales operaciones con el mencionado banco y la casa de valores.
El embajador estadounidense en Panamá, John Feeley, confirmó tener evidencias de que un importante grupo económico local lavó dinero, pero uno de los señalados, Abdul Waked, negó nuevamente su participación y calificó la acusación de «lamentable confusión».
«Confirmamos que la organización Waked estaba involucrada en lavado de dinero en varios países. Por años, Nidal Waked, Abdul Waked y sus cómplices abusaron del sistema financiero de Estados Unidos y Panamá. Conjuntamente lideraron una organización que ha lavado dinero procedente del narcotráfico», dijo el diplomático a la prensa nacional.
Sin ofrecer detalles de las evidencias que dice tener su Gobierno, Feeley aseveró que la investigación tomó 10 años a siete dependencias gubernamentales, la cual demuestra que manejaban «maletas llenas de efectivo, falsificación de facturas y otros métodos» para favorecer a organizaciones internacionales de narcotráfico.
En un intento por justificar las acciones emprendidas por su país que pone en peligro los empleos de unos cinco mil panameños, lo que causó fuertes reacciones de la sociedad nacional, el embajador expresó: «Los empleados inocentes de las empresas propiedad de los lavadores de dinero pagan los platos rotos de los dueños».
Las críticas más contundentes a la acción estadounidense fueron expresadas por movimientos sociales y el Colegio Nacional de Abogados, el cual «condenó» la injerencia en la soberanía del país y denunció la «intromisión de entidades foráneas» en los asuntos internos, al tiempo que llamó el Gobierno a la defensa de los intereses nacionales.
Tras las declaraciones del embajador estadounidense, hubo expresiones diversas a través de las redes sociales, que calificaron de «arrogante» y «con su buen español sentenció, condenó, advirtió y ordenó», mientras otros señalaron la existencia en Panamá de un «gobierno paralelo».
Por su parte, el Ejecutivo panameño emitió un comunicado donde «valora como positivo el anuncio hecho por Estados Unidos», el cual «brinda una nueva oportunidad a los responsables del Grupo Waked para que busquen soluciones definitivas a su situación, salvaguardando el futuro de su fuerza laboral».
