Muy bien que el gobierno estatal, ponga al frente de la Secretaría de la Función Pública, al licenciado Juan Carlos Moreno Valle Abdala, un servidor público ejemplar en otros cargos que ha desempeñado, hijo del contador Rafael Moreno Valle Rosas, recién fallecido, que además de haber ocupado y desempeñado con honradez y eficiencia diversos cargos en el gobierno federal, fue director de la Escuela de Contaduría y Administración, de la Universidad Autónoma de Puebla, en una época conflictiva de esa institución y como consejero universitario, fue quien propuso la creación de la Facultad de Economía, que ha tenido un gran éxito en la entidad. El padre del nuevo funcionario, fue además, un gran impulsor del deporte profesional en Puebla, principalmente del beisbol y del futbol.
MUY MAL QUE EL MISMO GOBIERNO ESTATAL, SE oponga a que se les pague a los trabajadores que el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas despidió ilegal y arbitrariamente durante el primer gobierno panista que presidió. Fueron más de diez mil y muchos de ellos tenían ya más de diez años de servicios y ninguna prestación ni garantías en su trabajo les fue reconocida.
Muchos de ellos demandaron al gobierno panista exigiendo se les indemnizará conforme lo establece la ley y su lucha en los tribunales ha durado años y ahora que empiezan a ganar sus casos, se les niega el pago y tienen que recurrir a amparos de la justicia laboral federal, para poder lograr el pago que en justicia les corresponde.
Para el derecho laboral, cubrir las obligaciones patronales (en este caso el gobierno es el patrón) para con sus trabajadores, deben ser primordiales.
Si se trata de empresas privadas, están incluso en primer lugar y luego siguen los pagos a proveedores.
Según nos comentan algunos de los afectados, el gobierno necesita recursos para obras importantes que tiene proyectadas, pero no se vale que ello vaya en perjuicio de los trabajadores del estado con quienes se cometieron injusticias, desde que se les obligaba a renovar sus contratos cada mes, para que no crearan derechos.
La Junta de Conciliación y Arbitraje, ya no es estatal, sino que pasó a ser federal. Mientras fue estatal, tuvo un retraso de 30 mil casos, que no pudo desahogar en tiempo y forma y se le ha dado un año para que lo haga, cosa que parece imposible y máxime, sino el mismo gobierno, se niega a hacer los pagos de los casos que legalmente ha perdido.
MUY BIEN QUE EL GOBIERNO ESTATAL SE PROPONGA construir seis Centros Integrales de Servicios en otros tantos municipios que son cabecera de distrito y nueve cedes judiciales y cuatro Ministerios Públicos, para fortalecer y garantizar la procuración y administración de justicia, algo sumamente necesario en la entidad.
Pero lo malo es que para realizar esas obras necesarias y muy útiles, se quieran retrasar los pagos a los miles de trabajadores despedidos por el primer gobierno panista en forma tan vulgar y corriente, como la de cualquier patrón del siglo XIX.
LOS PARTIDOS PRI y PAN, DE LA ALIANZA VA POR México, están tan desprestigiados que en las encuestas aparecen como perdedores para las elecciones próximas en las que se elegirán seis gobernadores, diputados locales y gobiernos municipales de seis entidades federativas.
Su falta de estructura y organización y su carencia de líderes carismáticos y con oficio político y sensibilidad social, son la causa.
