La historia de Inés Gómez Mont vuelve a colocarse bajo los reflectores, esta vez desde Florida, donde habría sido detenida este viernes 30 de octubre de 2026.
La expresentadora permanecía fuera del alcance de la justicia mexicana desde 2021, mientras enfrentaba órdenes de aprehensión por presuntos delitos financieros.
La captura ocurre cuando el caso parecía haber tomado otra ruta. Apenas un mes antes, las fichas rojas de Interpol contra Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, fueron retiradas, aunque las órdenes de aprehensión y las investigaciones de la FGR seguían vigentes en México.
La información sobre su captura todavía espera detalles de las autoridades de Estados Unidos y México. Entre los puntos pendientes están la corporación que realizó el arresto, el sitio donde quedó bajo custodia y el proceso que definiría un posible traslado a territorio mexicano.
El caso, no obstante, vuelve a poner sobre la mesa los señalamientos que mantienen abierta la investigación federal:
Inés Gómez Mont enfrenta en México una orden de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las acusaciones forman parte de procesos en curso y deberán resolverse ante autoridades judiciales.
Las órdenes de captura contra la conductora y Álvarez Puga fueron libradas en septiembre de 2021. Desde entonces, ambos quedaron ligados a investigaciones por un presunto esquema de desvío de recursos federales.
La pareja habría salido de México ese mismo año. En octubre de 2021, a solicitud de autoridades mexicanas, Interpol emitió fichas rojas para facilitar su localización internacional.
La posible entrega de Gómez Mont a México no sería automática. Su situación dependería de los procedimientos abiertos en Estados Unidos, de los cargos considerados para su retención y de las gestiones que promuevan las autoridades mexicanas.
La detención, de confirmarse en todos sus alcances, representaría el primer momento público en años en que la conductora queda frente a una autoridad.
También obliga a definir si la conductora permanece en Estados Unidos bajo un proceso local o si queda en ruta hacia México para responder por las órdenes que la mantienen bajo investigación.
