Washington.- La ley aprobada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para fortalecer el derecho al voto en medio de las restricciones impuestas en localidades lideradas por republicanos, enfrentará obstáculos en el Senado, advierten activistas.
La disposición tuvo el apoyo de 219 legisladores, todos demócratas, mientras los 212 republicanos votaron en contra del proyecto que prevé restaurar las protecciones de la Ley de Derechos Electorales de 1965, prohibió las prácticas discriminatorias en los comicios.
Sin embargo, la iniciativa, llamada John Lewis en honor a un héroe de los derechos civiles que murió el año pasado, tiene pocas perspectivas en la Cámara Alta, donde solo una republicana, la senadora Lisa Murkowski, ha expresado su respaldo a la propuesta.
Ben Jealous, expresidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, lamentó el obstruccionismo del Senado ante ese tipo de medidas y pidió al presidente estadounidense, Joe Biden, presionar a los congresisas a favor de su promulgación, reseña el sitio de noticias Democracy Now!.
El principal problema es que los demócratas necesitarán el apoyo de al menos 10 legisladores del bando contrario para impulsar el texto en el hemiciclo, que está dividido al 50 por ciento para cada uno de los partidos.
El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, anteriormente comentó que las reglas de votación deben dejarse en manos de los estados.
La situación coloca a los demócratas con pocas posibilidades de promulgar cualquier legislación electoral antes de los comicios de medio término de 2022, cuando las nuevas medidas republicanas podrían dificultar el acceso a las urnas de muchos estadounidenses.
En lo que va de año al menos 18 estados promulgaron leyes que restringen a las minorías el derecho al voto, según el Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, y ese asunto pone el tema sobre el tablero público y aporta presión sobre los miembros de la fuerza azul.
Los defensores de las normativas dicen que son necesarias para contrarrestar el supuesto fraude que según el expresidente Donald Trump lo llevó a la derrota en las elecciones de 2020, aunque múltiples tribunales, órganos electorales estatales y miembros de su propia administración rechazan esa teoría.
