El Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Puebla y Tlaxcala (CDDHPT) suma su voz a organizaciones de la Sierra Norte del Estado y la dirije contra la compañía minera Frisco, de Carlos Slim, solicitando en esta ocasión al Congreso de la Unión que detenga el proyecto de minería «a cielo abierto» en Tetela de Ocampo, específicamente en «La Cañada», en el cerro de «Espejeras».
Además, el mismo Comité solicita la participación activa de legisladores, organizaciones, periodistas y ciudadanos que estén en contra del proyecto que, además, se ha desarrollado desde su inicio en mayo de forma ilegal, con la omisión cómplice de la Semarnat y CONAGUA.
De igual manera, Felipe Rodríguez Narro, vocero de la CDDHPT, anuncia que intentarán entrevistarse con el dueño de Grupo Carso, corporativo al que pertenece Frisco, Carlos Slim Helú, para explicarle la gravedad de las consecuencias ambientales y sociales de su inciativa minera.
Para quien no esté familiarizado con la llamada «minería a cielo abierto», se trata de un tipo extremo de explotación que levanta las capas terrestres y las perfora a través de explosiones estratégicas que sin embargo devastan las tierras, todo para recuperar unos cuantos gramos de oro que, además, son separados del resto de los minerales por medio de sustancias altamente tóxicas, como el cianuro.
Respecto a la ilegalidad de sus acciones, en primer lugar, la minera no ha podido mostrar las acreditaciones que le permitieran siquiera iniciar los trabajos, a pesar de ya llevar más de dos meses talando árboles y barrenando la zona.
Titulares de la empresa reconocen, no obstante, que la explotación se proyecta en un espacio colindante con tres zonas ecosistémicamente delicadas y oficialmente protegidas: los bosques mesófilos de la Sierra Madre Oriental, Cuetzalan y las dunas costeras del Centro de Veracruz.
Aunado a todo lo anterior, los estragos que el proyecto produciría se ven altamente potenciados por la existencia de mantos acuíferos y vertientes superficiales que terminarían contaminados de forma irreversible, acabando con una de las zonas boscosas más ricas del Estado de Puebla.
Asimismo, las mentiras y la información incompleta han marcado las declaraciones de la empresa, la cual presentó un informe ambiental preventivo que no cumple los requisitos para ser oficial, pues tal documento debió ser regulado por la NOM-120SEMARNAT-2011.
Asimismo, dicho informe, realizado por el biólogo del Instituto Politécnico Nacional, Alfredo Patiño Siciliano, da cifras y datos ya rebasados por las actividades que realiza la minera, de acuerdo a declaraciones de la organización Tetela Hacia el Futuro A.C., que expidió un comunicado de prensa el 13 de julio.
Finalmente, el director de CONAGUA en Puebla, Manuel Beristaín Gómez, y la empresa han ignorado rotundamente lo establecido por el artículo 1 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, que contiene la norma NOM-120 en la que se ordena también que toda exploración debe ser notificada primeramente a dicha Comisión en el caso de trabajar a tan corta distancia de yacimientos de agua.
«Son precisamente estos manantiales y arroyos los que nos preocupan. Nos extrañan sus declaraciones, pues él como funcionario del ramo, debería de saber que el agua es un sistema interdependiente, no se puede ignorar la afectación en mantos superficiales», expresa el mencionado comunicado de prensa.
Esta disputa se agrega a las quejas y movilizaciones que se han dado en otras regiones también de la Sierra Norte de Puebla, como es el caso de Ahuacatlán o de organizaciones como la Unidad Indígena Totonaca Náhuatl (UNITONA), entre otras, que se han dedicado a buscar apoyo institucional y civil para evitar la construcción de presas hidroeléctricas que, argumentan, estarían al servicio de las mineras que tratan de instalarse en la región, como es el caso de Frisco.
