Con motivo de las diversas reformas que se han venido impulsando a partir de la Reforma Política del Estado, trajeron consigo reformas como la modificación del Capítulo I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se introdujo a nuestro sistema jurídico los derechos humanos como una realidad del derecho positivo mexicano; así como también no menos importante que la anterior con fecha 6 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de nuestra Carta Magna.
La citada reforma, tuvo como finalidad reformar nuestro medio de defensa de la Constitución por excelencia, como lo es el Juicio de Amparo, y adecuar el entramado jurídico a través de la Constitución para que de manera subsecuente se hicieran las modificaciones pertinentes en la legislación secundaria. Entre las cuales destaca la ampliación de la protección constitucional en materia de «derechos humanos».
No debemos olvidar, que la anterior Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936, tuvo su última reforma el 24 de junio de 2011, misma que no fue trascendental ni obedeció a la reforma constitucional que se realizó al medio de defensa de la constitución. Contábamos con una legislación en materia de amparo con 76 años de antigüedad, la cual era insuficiente para enfrentar nuestra nueva realidad social en el ámbito jurídico en la protección de los derechos de los gobernados.
Era de suma relevancia de que se discutiera y dictaminara la reforma de la Ley de Amparo pendiente, este esfuerzo estriba en la necesidad de dotar y contar con herramientas jurídicas actuales que respondan a nuestra realidad social en la impartición de justicia, una nueva legislación en materia de amparo nos coloca a la vanguardia en el marco de la protección de las garantías y derechos humanos por parte del Estado Mexicano.
«Sin embargo, todas estas virtudes de la nueva Ley de Amparo no tendrían sentido si no pensamos en el ciudadano, en la persona que va a utilizar esta herramienta. Por eso, el PRI en la Cámara de Diputados, antes de dialogar para concretar un instrumento legal abstracto, tuvo como centro de sus trabajos el ciudadano, aseguró Miguel Ángel Aguayo.»
