Este 22 y 23 de marzo, en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas, sindicatos, estudiantes e investigadores realizaremos rondas de prensa frente a las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en las 32 entidades federativas para: responsabilizar a este organismo por las profundas crisis hídricas en el país; rechazar la Iniciativa de Ley General de Aguas (Ley Korenfeld) que esta dependencia envió al Poder Legislativo el 5 de marzo del año en curso; y demandar en cambio que la Iniciativa Ciudadana de Ley sea aprobada para que hacer cumplir el Derecho Humano al Agua (reconocido en febrero del 2012); así como exigir fin a la violencia ejercida contra las y los defensores del agua y liberación de los presos políticos por defender el agua.
Desde su creación en el año 1989 hasta la fecha, la CONAGUA ha mostrado su carácter vertical y autoritario para administrar el agua en el país, lo que ha generado y agudizado una crisis hídrica de gran magnitud en todo el territorio nacional. El agua es un bien común para la vida humana, la vida silvestre y los ecosistemas, y es fundamental para las actividades productivas que son necesarias para el desarrollo local, regional y nacional equitativo. El acceso y distribución justa del agua es fundamental para asegurar una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades.
El agua tiene que ser gobernada mediante estructuras democráticas, que eviten su privatización y cooptación por intereses económicos particulares en perjuicio de la mayoría de los mexicanos. La CONAGUA y su iniciativa de Ley (actualmente en la Cámara de Diputados) insisten en el control centralizado y hermético del agua y se apartan de los lineamientos internacionales que sostienen que es a través de la gobernanza del líquido como se podrá asegurar al agua como derecho humano con acceso suficiente, salubre, aceptable y asequible.
En este ejercicio nacional de contraloría social responsabilizaremos a la Conagua de violar los derechos de los pueblos y la normatividad vigente para favorecer a los grandes inversionistas en agua, energéticos, minería y agroexportaciones, con los siguientes proyectos y políticas:
? Trasvases: Acueducto Independencia (Sonora), Monterrey VI, 4ª Etapa Cutzamala (EdoMex), Túnel Emisor Oriente/PTAR Atotonilco, Chapultepec/Parota (Guerrero), Zapotillo (Jalisco), Paso de la Reina (Oaxaca), todos los cuales podrían ser concesionados, junto con sus aguas, si se llegara a aprobar la “Ley Korenfeld”
? Presas hidroeléctricas mal diseñadas y privatizantes: La Parota (Guerrero), Zapotillo (Jalisco), Las Cruces (Nayarit), Jalcomulco y las 121 restantes propuestas para Veracruz
? Complicidad con empresas para no sancionarles por el envenenamiento (derrames tóxico) de los ríos Santiago, Sonora, Atoyac, Bravo, entre otros; Contaminación como en los pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
? Promoción de la sobreexplotación y el acaparamiento de aguas subterráneas, resultando en: el desecamiento de las aguas de los pueblos originarios; la desertificación de las tierras agrícolas en Sinaloa, Sonora y Chihuahua; daños a la salud por el consumo de aguas “fósiles” en Chihuahua y Aguascalientes; así como la destrucción de viviendas y escuelas por grietas y hundimientos en los valles de México y Toluca.
? Privatización y mercantilización del agua en centros urbanos, en donde se garantizará el agua potable a industrias y embotelladoras, dejando a millones dependientes de pipas y el tandeo.
? La facilitación del proyecto Aeropuerto Texcoco, el cual pone en riesgo la futura viabilidad hídrica-urbana del centro político y económico del país.
La Ley Korenfeld profundizaría la actual crisis del campo al sujetar las aguas nacionales a dinámicas de compra-venta, eliminando los derechos de los núcleos agrarios y los pueblos rurales e indígenas y exacerbando su vulnerabilidad en materia alimentaria; priorizaría el agua para la minería tóxica (la cual no requeriría de concesión) y el fracking; eliminaría los espacios de participación; y permitiría que la Conagua hiciera uso directo de la fuerza pública para imponer sus decisiones.
Ante tal escenario, los poblanos aquí reunidos, queremos denunciar a la Conagua, a los legisladores y al Ejecutivo Federal, por pretender poner en manos de grandes consorcios constructores con intereses simultáneos en agua, energía, gas y petróleo, cantidades ilimitadas del vital líquido que podrán destinarse en forma irrestricta a procesos intensivos en consumo y contaminación de agua como el fracking, vía el denominado trasvase directo, mismo que convierte a los empresarios en concesionarios de las Aguas Nacionales.
Para el caso específico del estado de Puebla, si llegara a aprobarse la ley Korenfeld, el proyecto de la CONAGUA para abastecer a la zona metropolitana del DF, llamado Necaxa-Tecolutla, podría ser concesionado a particulares , junto con sus aguas, permitiéndoles además, destinarlas a cuantos usos les quiera autorizar la Conagua.
Por lo que nos sumamos a la petición que han hecho universidades, y organizaciones al Congreso de la Unión y a los Congresos de los Estados para abrir un debate amplio, plural e incluyente, pero como poblanos exigimos que se ponga especial énfasis en el tema de trasvases porque tras del mismo va implícita la privatización del agua.
Nuestra Iniciativa de Ley, construida con amplia participación ciudadana y comunitaria durante dos años y publicada en la Gaceta del Senado el 23 marzo del 2015 firmada -hasta la fecha- por 22 Senadores, reconocería el agua como un bien común, de la Nación, para ser gestionada sin fines de lucro. Propone Planes Rectores vinculantes, consensados cuenca por cuenca desde el nivel local, para cumplir con las metas de una Agenda Nacional: agua para todas y todos los habitantes y los ecosistemas y para la soberanía alimentaria, fin a la contaminación, fin a la destrucción de cuencas y acuíferos, y fin a la vulnerabilidad a sequías e inundaciones. La creación de un Fondo Nacional financiaría proyectos de gestión comunitaria en lugares sin acceso al vital líquido.
El uso del agua sería prioritariamente para consumo doméstico y para la soberanía alimentaria. sería prioritariamente para consumo doméstico y para la soberanía alimentaria. Se reducirían los volúmenes extraídos hasta lograr el equilibrio. Los concesionarios que no respetan la normatividad perderán el acceso al agua. Una Contraloría Social del Agua, 100% ciudadana, auto-organizada (a nivel municipal, de cuenca y nacional) vigilaría el desempeño de los funcionarios y, en caso necesario, recomendaría la revocación de su mandato.
En resumen, la Ley Korenfeld promete que la solución a las crisis hídricas del país se logrará con una CONAGUA más controladora, con más recursos y facultades centralizados, así como mayor apertura a inversionistas extranjeros y menos participación social. Después de 26 años de negligencia, complicidad y corrupción por parte de este organismo, hemos aprendido que la única manera de garantizar agua de calidad y seguridad hídrica, -ahora y a futuro-, será a través de procesos organizativos y una Ley General de Aguas que abra la planeación, la gestión y la contraloría del agua en México a la participación directa, comunitaria y ciudadana.
Exigimos el reconocimiento a la Iniciativa Ciudadana de la Ley General de Aguas, la cual propicia el control social de los recursos hídricos, y vela así por el futuro de las y los mexicanos. Nos comprometemos con la lucha por lograr la aprobación y puesta en marcha de la Propuesta Ciudadana de Ley General de Aguas, elaborada a través de un amplio proceso colaborativo para garantizar el acceso equitativo y sustentable al agua a través de la participación de la ciudadanía, tal como exige la reforma constitucional reconociendo el derecho humano al agua que exige el acceso equitativo y sustentable al agua, a través de la participación ciudadana.
Responsabilizamos a la Conagua por las condiciones que resultaron en el asesinato de Manuelita Solorio, Ismael Solís, Alberto Almeida. Asimismo exigimos la liberación de los presos Mario Luna y Fernando Jiménez de la Tribu Yaqui, María de la Cruz y Marco Antonio Suástegui de Guerrero, Eduardo Mejía Nava de San Bartolo Ameyalco, Teresita Brito Piña y Alfredo Esquivel y Cab de Quintana Roo, así como el levantamiento de los cargos fabricados en contra de Juan Carlos Flores, Enedina Rosas Vélez y Abraham Cordero de Puebla.
