Los opositores Partido de Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) reclamaron hoy protección para los candidatos y la ciudadanía, de cara a los comicios de junio próximo en México.
Representantes de ambas agrupaciones ante la Cámara de Diputados (que será renovada en su totalidad) coincidieron en que la situación de violencia del país merece un marco de seguridad para el éxito de los comicios pactados para el próximo 7 de junio.
Las autoridades competentes son las responsables de garantizar la seguridad no solamente de las candidatas y los candidatos, sino del desarrollo normal del proceso, afirmó Ricardo Anaya, coordinador parlamentario de Acción Nacional.
Por su parte, Miguel Alonso, del PRD, recordó que cuando fue candidato a una diputación federal no requirió seguridad especial.
Sin embargo, afirmó que las condiciones han cambiado, como lo demostró el reciente asesinato de su correligionaria Aidé Nava, precandidata municipal en el estado de Guerrero.
El diputado instó a tomar medidas preventivas, cautelares con los candidatos, incluida su protección en todo el país, pero en especial en los estados de Guerrero, Michoacán y San Luis Potosí.
La violencia también ha afectado al Partido Revolucionario Institucional (PRI, en el gobierno), lo cual hace temer que a medida que avance la campaña electoral se produzcan nuevos hechos de sangre contra aspirantes a los distintos cargos que se dirimirán en las urnas en junio.
Para la fecha también se elegirán a nueve gobernadores, así como las autoridades de numerosos municipios y también los legisladores parlamentos de varios estados mexicanos.
La actual campaña electoral está marcada por recientes golpes a grupos del crimen organizado, también conectados a estamentos del poder público, como ocurrió con el crimen de Iguala y la desaparición de 43 estudiantes normalistas el pasado 26 de septiembre.
Por esos hechos están detenidos el exalcalde del municipio guerrerense de Iguala, José Luis Abarca, su esposa, así como responsables de seguridad, policías y sicarios del cartel Guerreros Unidos.
Ello provocó la renuncia del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, quien está bajo investigación de la Procuraduría General de la República
