LUZ MARIA DE LOS SANTOS HILERIO.-
El penal de San Miguel será sometido a una inspección conjunta de autoridades estatales y organismos de Derechos Humanos para verificar las condiciones en las que permanecen las personas privadas de la libertad, particularmente en el módulo W, informó el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González.
El vicealmirante aseguró que el centro penitenciario continúa operando con normalidad y descartó que exista una crisis al interior, al señalar que las manifestaciones registradas durante la semana pasada se desarrollaron en el exterior de las instalaciones.
Explicó que el recorrido se realizará con la participación de representantes de las secretarías de Seguridad Pública y de Gobernación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y autoridades sanitarias, con el propósito de revisar las condiciones del reclusorio e identificar posibles irregularidades.
Sobre las observaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos durante 2026, Sánchez González informó que suman 32, de las cuales 23 ya fueron atendidas y nueve permanecen en proceso de solventación. Aseguró que existe el compromiso de resolver los pendientes antes de finalizar el año.
En relación con los señalamientos de la activista Saskia Niño de Rivera sobre las condiciones del penal, el titular de Seguridad Pública explicó que en noviembre de 2025 se le permitió ingresar para realizar un reportaje y documentar las instalaciones. Sin embargo, precisó que existen espacios cuyo acceso está restringido por motivos de seguridad y por las características de la población penitenciaria.
El funcionario indicó que la revisión también permitirá atender las inquietudes relacionadas con el módulo W y determinar si es necesario implementar cambios. Al respecto, aseguró que cualquier irregularidad que sea detectada será corregida.
Por otra parte, informó que desde el pasado 4 de noviembre comenzaron los procedimientos de licitación para adquirir inhibidores de señal y cámaras de videovigilancia, equipos que serán destinados a fortalecer los controles de seguridad dentro del centro penitenciario.
Las declaraciones se producen después de las manifestaciones realizadas por familiares de personas privadas de la libertad, quienes denunciaron presuntas extorsiones, agresiones y otras irregularidades al interior del reclusorio.
Con la inspección anunciada, las autoridades buscarán verificar las condiciones del penal y dar seguimiento a los señalamientos que motivaron las protestas.








