El diputado Lauro Sánchez López presentó un Punto de Acuerdo para que la Secretaría de Economía, la del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que cancelen de manera definitiva los permisos y concesiones, si es que los hubiera, para las actividades de exploración y explotación del denominado «Lote Minero Las espejeras» de Tetela de Ocampo y la región.
El representante popular de ese distrito, además planteó que se exhorte a las Cámaras de Diputados y senadores para que a través de sus comisiones respectivas, impulsen la revisión , reforma y actualización de la Ley Minera, a la luz de criterios ambientales, sociales, y productivos sustentables, así como que se reforme la misma a fin de que deje de considerarse al oro y la plata como «metales de utilidad pública», por no tener un valor estratégico para el desarrollo, cultural, social y económico para la sociedad mexicana.
Sánchez López refirió «desafortunadamente, la Ley Minera de nuestro país pone al territorio nacional a disposición de las empresas mineras, sin ninguna consideración respecto a los derechos humanos, sociales, económicos y ambientales, por el contrario, el artículo 9, en su fracción XIII, trata a los trabajadores y ciudadanos en calidad de servidumbre de las empresas».
Es por ello, que aseguró que no es posible que la Ley conceda protección y libertades absolutas a los buscadores de tesoros, por encima del derecho de las comunidades y regiones a aprovechar y preservar sustentablemente: la biodiversidad, el clima y aguas que conforman su hábitat natural.
El diputado cuestionó que la propia ley ponga al servicio de las empresas mineras, un organismo técnico descentralizado denominado Servicio Geológico Mexicano para apoyar a las empresas privadas a generar la información geológica y geohidrológica, para que puedan llevar a cabo la exploración y explotación de lotes mineros y calificó que los criterios en los que se encuentra redactada la ley como «neoliberalmente feudales» o ajenos a la nueva realidad socioeconómica, medioambiental que se vive actualmente en el planeta.
Asimismo aclaró que esta posición no implica que como legisladores se opongan a la minería y al aprovechamiento de los recursos minerales, pero esta actividad no puede estar por encima de criterios ecológicos y de vida en las comunidades, por marginadas o subdesarrolladas que éstas parezcan.
Finalmente señaló que la legislación minera no habla de la contaminación del suelo, agua y aire, sólo de manera tangencial se refiere al impacto ecológico, pero sin señalar de forma clara y precisa las acciones que las empresas están obligadas a realizar para mitigar o resarcir los daños a la sociedad y el medio ambiente.
