Hipólito Contreras.-/
Nos sumamos a los esfuerzos que ha hecho la defensa legal de Enedina Rosas Vélez, detenida el pasado 6 de abril, para solicitar al juez penal de Atlixco le modifique la medida cautelar de prisión preventiva que se le impuso cuando se le dio el acto de formal prisión debido a su precario estado de salud, afirmó Simón Hernández León, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
Esto, indicó, es una posibilidad que la ley prevé, que la prisión preventiva tenga un carácter domiciliario en aquellos casos de edad avanzada o de una enfermedad grave, de carácter crónico,
Creemos por una parte, comentó, que la detención y esta vinculación a un proceso penal a Enedina tiene que ver con su labor defensa de derechos humanos y que tiene un carácter y contenido más político que jurídico y que a pesar de eso ella debe seguir siendo tratada como inocente, tiene esa garantía constitucional de la presunción de inocencia.
Por eso, agregó, a pesar de estar vinculado a un proceso penal en el que la prisión preventiva es una medida que busca que el proceso legal continúe, este cambio a una modalidad domiciliaria no se vería afectado al enfrentar un proceso legal, lo que busca la prisión preventiva, más que una pena anticipada es que el proceso continúe, si no sigue es por la imposibilidad de localizar aquellas personas que la están acosando.
Dijo que si el proceso está detenido es por la parte que la está acusando, esta solicitud es procedente, la salud de Enedina se ha venido deteriorando por las condiciones que hay en el Creso, por eso, indicó, estamos haciendo un llamado al juez de lo penal, Elbo Mayoral Bello, conceda favorablemente esta petición, ha notificado formalmente la petición del recursos, se le ha dado vista al Ministerio Público para que tenga derecho a manifestarse en dos días para que el juez esté en posibilidad inmediata de resolver esta petición.
Pedimos se atiendan algunos estándares internacionales en materia de derechos humanos, hay algunas convenciones y resoluciones de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano que establecen las obligaciones a cargo de los jueces de garantizara un trato digno de las personas que se encuentran en condición de reclusión, los que deben gozar el más alto nivel de salud posible, afirmó.
