El Senado mexicano avanza hacia la discusión del Plan B de la reforma electoral en comisiones este martes, luego de días de negociaciones, ajustes técnicos y presiones políticas.
Ignacio Mier Velazco, coordinador de los senadores de Morena, confirmó que los cambios de técnica legislativa y la uniformidad en los artículos transitorios están resueltos, permitiendo así la circulación del dictamen y la convocatoria formal.
Sin embargo, el proceso aún enfrenta tensiones, ya que Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados morenistas, advirtió que la iniciativa podría no prosperar aun con los ajustes, en un contexto donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoce la existencia de contrapesos y la necesidad de acuerdos.
El lunes por la noche, Ignacio Mier Velazco anunció en redes sociales que, tras resolver los ajustes de técnica legislativa y la uniformidad en los artículos transitorios, el dictamen y la convocatoria para la reunión de las comisiones unidas circularían en cuestión de horas para que sea discutido y aprobado el martes.
“Resueltos los ajustes de técnica legislativa y la uniformidad en los artículos transitorios de la reforma a diversos artículos de la Constitución en materia de austeridad republicana, les puedo informar que en unas horas circulará el dictamen y la convocatoria a la reunión de las comisiones unidas, para discutir y aprobar el dictamen mañana mismo, conforme al artículo 139 del reglamento del @senadomexicano“, se lee.
El proceso legislativo exige que la reforma se apruebe en el Senado por mayoría calificada, pase a la Cámara de Diputados y luego sea ratificada por al menos 17 congresos estatales antes del 31 de mayo, fecha límite para modificar leyes electorales previo al inicio del proceso.
Tras una reunión de casi dos horas con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, Ricardo Monreal Ávila reconoció la noche del lunes que la mandataria “está muy consciente y sabe que en la división de poderes y en el ejercicio de gobierno hay pesos y contrapesos y obviamente es una de las hipótesis y siempre hay que estar pendientes de ello”.
Monreal detalló que la reforma enfrenta riesgos reales de no avanzar en el Congreso, debido a divisiones internas y la necesidad de construir mayorías calificadas.
El coordinador de los diputados de Morena enfatizó la importancia de alcanzar acuerdos con los partidos aliados, especialmente el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para asegurar la aprobación del Plan B. Monreal expresó su confianza en la capacidad negociadora de Ignacio Mier Velazco: “Confío en que Ignacio Mier pondrá todo su empeño, su ingenio y su inteligencia para sacar adelante esta propuesta de la Presidenta”.
Monreal recordó que el tiempo para aprobar la reforma es limitado, pues la Constitución prohíbe modificar las reglas electorales tres meses antes del inicio del proceso. “Antes de iniciar el proceso no pueden hacerse ningún tipo de reformas”, afirmó. Al ser cuestionado sobre si podría quedar fuera la reforma si no se aprueba en mayo, respondió: “Ya no hay nada”.
El dictamen del llamado Plan B plantea cambios en cuatro artículos constitucionales. Entre los puntos principales se encuentra la reducción del número de regidores y síndicos en los municipios y el establecimiento de topes presupuestales para los congresos locales, con el objetivo de imponer mayores controles de austeridad en los gobiernos estatales y municipales.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que los municipios con menos de 15 regidores no sean obligados a incrementar su número de integrantes hasta ese tope, para evitar que la reforma termine generando un aumento del gasto público. De acuerdo con Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el dictamen ha recibido observaciones de gobernadores, presidentes municipales y consejeros electorales sobre la integración de los cabildos y también sobre la fecha de la revocación de mandato.
La propuesta oficial establece que los ayuntamientos tengan entre siete y 15 regidores. Sin embargo, en estados como Veracruz y Tabasco algunos cabildos tienen menos integrantes, por lo que ampliar su número chocaría con el principio de austeridad.
Las diferencias en torno a la revocación de mandato también han sido decisivas. El Partido del Trabajo (PT) rechaza que este ejercicio se lleve a cabo el mismo día que la elección federal, local y judicial de 2027.
El PT propone mantener la revocación en el cuarto año (2028) o realizarla en agosto de 2027, para que no coincida con las demás votaciones. Esta postura ha complicado los acuerdos y provocó el aplazamiento de la reunión de comisiones prevista para el lunes.
La iniciativa también ha enfrentado críticas desde la oposición. Dirigentes como Ricardo Anaya Cortés (PAN) y Clemente Castañeda Hoeflich (Movimiento Ciudadano) han señalado que incluso dentro del oficialismo hay voces críticas y han reconocido la postura del PT. Los partidos de oposición advierten que la reforma podría significar retrocesos y destacan la necesidad de analizar sus implicaciones locales.
A pesar de estos contratiempos, legisladores oficialistas estiman que la reforma podrá votarse antes del receso de Semana Santa.
El Plan B fue impulsado por el Ejecutivo después de que la reforma electoral original fuera rechazada en la Cámara de Diputados. Los ejes principales son: reducir gastos en estructuras políticas estatales y municipales, racionalizar la integración de los cabildos y ajustar el mecanismo de revocación de mandato. De acuerdo con el gobierno federal, el objetivo es que los recursos ahorrados se destinen a obras y servicios públicos.
