La diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Agua, con el objetivo de establecer responsabilidades por afectaciones a la vía pública derivadas de la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
La propuesta mediante la cual se reforman las fracciones II y III del artículo 129 y se adiciona el artículo 32 Bis y la fracción IV al artículo 129 de la Ley del Agua para el Estado de Puebla, tiene como premisa que, quien genera una afectación al patrimonio público debe asumir el costo de su reparación.
En ese sentido, la iniciativa contempla que toda intervención que implique la apertura, excavación, perforación o remoción de la vía pública deberá realizarse previa obtención de los permisos, licencias, autorizaciones o avisos que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
En casos de emergencia que impliquen riesgo para la continuidad del servicio, la seguridad de las personas o la integridad de la infraestructura hidráulica, el prestador podrá realizar la intervención de manera inmediata, debiendo informar por escrito a la autoridad municipal competente dentro de las 24 horas siguientes al inicio de los trabajos.
De la misma forma, la propuesta indica que, concluidas las obras o reparaciones, el prestador estará obligado a restituir integralmente la infraestructura afectada, esta reparación deberá realizarse con materiales, especificaciones técnicas y condiciones de calidad equivalentes o superiores a las existentes previamente a la intervención.
Además, se contempla que los prestadores de servicios deberán realizar las reparaciones provisionales necesarias para garantizar la seguridad de peatones y vehículos dentro de las 24 horas siguientes a la conclusión de los trabajos, mientras que la reparación definitiva deberá ejecutarse dentro de un plazo máximo de 15 días naturales contados a partir de la terminación de la intervención, salvo que por razones técnicas debidamente justificadas la autoridad competente autorice un plazo mayor.
La propuesta contempla que los prestadores de los servicios estarán obligados a garantizar por un periodo mínimo de 12 meses la calidad de las reparaciones efectuadas. Finalmente, se indica que, el incumplimiento de estas obligaciones será sancionado conforme a la legislación en la materia.
