La Secretaría General de Gobierno saluda la aprobación por unanimidad que este día hizo el Congreso del Estado de los dictámenes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, que consistieron en un paquete de 3 propuestas de reforma y un proyecto de ley de nueva creación, con el objetivo de fortalecer la implementación del nuevo sistema de justicia penal en Puebla y avanzar en el cumplimiento de la Reforma Constitucional del año 2008.
Como lo anunció el Secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, el pasado 18 de julio, el Congreso del Estado sometió a proceso legislativo cuatro leyes correspondientes al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Las reformas aprobadas fueron realizadas en colaboración con el Procurador General de Justicia del Estado, Víctor Carrancá Bourget, y las mesas de trabajo integradas por especialistas del Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública, la Secretaría de Seguridad Pública, el Consejo Estatal de Seguridad Pública y la CEAMPAJ, órgano coordinador conformado por los tres Poderes del Estado, además de contar con expertos internacionales de la Agencia Estadunidense United States Agency for International Development (USAID), quienes han brindado apoyo sustancial en este proceso.
El paquete legislativo aprobado por el Honorable Congreso del Estado está compuesto por la Reforma al Código de Procedimientos Penales, que prevé asegurar el respeto a los Derechos Humanos de las víctimas y las personas sujetas a un juicio penal, de acuerdo con los Tratados Internacionales firmados por México.
Asimismo, esta ley busca hacer más ágil la investigación del delito, eliminando el exceso de formalidades, privilegiar el uso de la oralidad, restringiendo la escritura en los juicios penales, así como hacer más precisas las obligaciones y facultades de las autoridades en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Cabe señalar que esta reforma incluye un nuevo catálogo de delitos graves, como violencia familiar, extorsión y peculado. Además, la Reforma aprobada a la Ley Orgánica del Poder Judicial establece las figuras jurídicas necesarias para el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado, las cuales incluyen:
• Jueces de control. Cuya función es resolver las audiencias necesarias desde la detención de presuntos responsables, hasta los preparativos para celebrar un juicio oral.
• Jueces de juicio oral. Mediante un Tribunal colegiado compuesto por tres jueces, para llevar a cabo el juicio oral y resolver sobre la inocencia o culpabilidad de la persona sujeta a juicio.
• Administradores de salas. Tienen la función de controlar el adecuado funcionamiento de los Juzgados de Oralidad Penal.
En tanto, la Reforma aprobada a la Ley de Ejecución de Medidas Cautelares y Sanciones Penales prevé la creación de una unidad que brinde al Juez los datos que se tengan de riesgo de fuga o evasión de la persona sujeta a juicio, para que éste resuelva la medida cautelar que debe imponer, así como una unidad que brinde al Juez datos de cumplimiento de las medidas cautelares, dentro de las que se encuentran: la restricción para acudir a algún lugar específico, presentarse a firmar cada determinado tiempo y no salir de la ciudad o Estado.
Con esta reforma se racionaliza el uso de la prisión preventiva, beneficiando con ello la presunción de inocencia de las personas sometidas a un juicio penal; además, derivado de la última Reforma Constitucional, se incorpora la Educación Media Superior en los Centros Penitenciarios.
De igual forma, se aprobó la nueva Ley de Medios Alternativos en Materia Penal, que desahogará asuntos penales, mediante el diálogo y la colaboración entre las partes. Ésta se aplicará en delitos determinados que no tienen alto impacto social y cuya pena no sea mayor a 5 años; tal es el caso de robos de baja cuantía, lesiones leves y daño en propiedad ajena, por mencionar algunos.
Esta nueva ley plantea tres procedimientos alternativos en Justicia Penal, los cuales son la Mediación, a través de la cual los intervinientes proponen formas de resolución del conflicto; la Conciliación, mediante la cual un especialista autorizado propone posibles vías de solución del conflicto; y la Justicia Restaurativa, que atiende a la reparación material, psíquica y moral, y en la que participan personas directa o indirectamente involucradas en el hecho.
Dichos procedimientos serán operados por la Procuraduría General de Justicia, a través del Centro Especializado de Justicia Alternativa.
Asimismo, con estas reformas se puede establecer un sistema de justicia que tenga una verdadera vocación de servicio y vea en la evaluación, el conocimiento y la transparencia, herramientas aliadas para abatir la corrupción, mejorar los procesos y aumentar la eficiencia, mediante la procuración y administración de justicia cercana a la gente.
La Secretaría General de Gobierno reconoce el trabajo responsable del Poder Legislativo en aras de lograr los consensos necesarios y contribuir al mejoramiento de las iniciativas tendientes a brindar una mejor justicia penal, en favor de la ciudadanía.
