Con motivo de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, derivada de la investigación efectuada por ese Organismo Autónomo sobre los lamentables acontecimientos ocurridos en la Junta Auxiliar de Chalchihuapan, como Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la Quincuagésimo Novena Legislatura me pronuncio en los siguientes términos:
La determinación de responsabilidades deberá realizarse bajo los criterios de transparencia e imparcialidad privilegiando la verdadera impartición de justicia, sin importar la cantidad y mucho menos jerarquía de los funcionarios que se encuentren involucrados y que pudieran llegar a ser responsables.
Respecto a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de la cual solicita al Gobierno del Estado de Puebla instaure una Fiscalía especial para la investigación de los acontecimientos ocurridos en Chalchihuapan, mi postura es contraria a su cumplimiento en los términos establecidos, porque que su creación no garantiza que se actúe con imparcialidad debido a que no se puede ser juez y parte al mismo tiempo en procedimientos de esta índole, ya que como es bien sabido el titular de la Fiscalía creada, mantiene una estrecha relación con una de las Dependencias que tiene que ser investigada.
En lo particular me refiero a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla por haber laborado en ella, cuestión que levanta suspicacias y que no podemos permitir.
No obstante, para el cumplimiento en todos sus términos, de dicha recomendación emitida por ese organismo autónomo, el Gobierno del estado y el Poder Legislativo, en una muestra de congruencia, deberemos solicitar a las instancias federales competentes, sean ellas las encargadas de crear una fiscalía especial destinada a tal fin, que asegure a la ciudadanía un proceso de investigación imparcial y autónomo.
Los protocolos de actuación adoptados por los elementos de seguridad, mecanismos de capacitación y sus resultados, deberán ser difundidos entre la sociedad, a manera de dotarlos de certeza en cuanto a que nuestros policías realmente cuentan con la destreza, técnicas y conocimientos necesarios para enfrentar una situación de crisis.
Las dependencias encargadas de mantener la gobernabilidad en el Estado, deberán prevenir cualquier acto que pudiera derivar en un conflicto social, a través de la proximidad con la población, privilegiando el diálogo y la generación de acuerdos, siendo esto su principal objetivo.
La normatividad aplicable para regular la actuación de los cuerpos policiacos y el uso de la fuerza, debe ser modificada con el fin de PROHIBIR el uso de CUALQUIER ARMA, LETAL O NO LETAL en contra de manifestantes, así como contar con la presencia de personal con conocimientos especializados en materia de Derechos Humanos durante las intervenciones policiacas en manifestaciones, para erradicar las conductas que atentan contra estas prerrogativas.
Por lo anterior, me encuentro elaborando una propuesta en la que se garantice el respeto a los derechos humanos y en la que se prohíba el uso de todo tipo de armas letales o no, ya que con el lamentable deceso del menor, José Luis Alberto Tehuatlie, en Chalchihuapan, pudimos constatar que las armas no letales, en manos de personas sin capacitación ni perspectiva, pueden llegar a ocasionar más desgracias.
En este sentido reafirmo el compromiso para otorgar el trámite oportuno a las propuestas que se encuentran dentro de la competencia del Poder Legislativo estatal, esperando que aquellas propuestas que se encuentran fuera de la esfera parlamentaria, sean observadas a cabalidad por las autoridades competentes.
