El 12 de agosto de 2014, los sectores productivos del país nos pronunciamos a favor de mantener una discusión pública, responsable y seria sobre el incremento de los ingresos de los trabajadores y en especial de los salarios mínimos, y convenimos que esta discusión se realizaría dentro de los marcos institucionales establecidos por nuestra Carta Magna, tomando en cuenta indicadores como el incremento de la productividad, la formalización del empleo y la desvinculación del salario mínimo como unidad de cuenta y referencia en leyes y reglamentaciones federales, estatales y municipales que así lo utilizaban.
Los sectores obrero y patronal y el Gobierno de la República, nos comprometimos a que a partir del diálogo social construir políticas públicas que promuevan de manera permanente la formalidad, la productividad de las empresas y los trabajadores y la competitividad, así como a mantener e incrementar las inversiones, impulsar la generación de más y mejores empleos que eleven la calidad de vida de los trabajadores y sus familias y trabajar responsablemente para mejorar los niveles de ingreso salarial.
Los sectores productivos reconocemos que gracias al diálogo permanente entre trabajadores, empleadores y gobierno, se han logrado avances en torno a los compromisos que asumimos, tales como el incremento del empleo formal, la disminución de la informalidad, una mayor productividad laboral de la economía, mejor capacitación para el trabajo y la conciliación eficaz por la vía de la negociación y el diálogo, con lo que se ha mantenido la paz laboral, la inversión y la actividad productiva.
Todo ello son avances importantes pero debemos seguir redoblando esfuerzos porque México requiere la creación de al menos 800 mil empleos cada año para absorber a la población que se incorpora al mercado laboral y de un proceso de recuperación del poder adquisitivo de los salarios, para seguirnos posicionando como un país competitivo para atraer inversión productiva.
Ello sólo es posible con un compromiso claro de todos los agentes económicos para preservar la planta laboral y continuar los esfuerzos de formalización del empleo, que se traduzca en el compromiso de elevar la productividad en los centros de trabajo, bajo un enfoque de responsabilidades compartidas y la distribución más equitativa de los beneficios.
Coincidimos en sumar voluntades con el propósito de avanzar en la gradual reducción de las diferencias entre las áreas geográficas del salario mínimo, hasta alcanzar uno solo para todo el país, y con ello recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores especialmente de quienes menos ganan.
Reconocemos y apoyamos los trabajos de la CONASAMI en su responsabilidad social y constitucional de mejorar los salarios mínimos de los trabajadores de nuestro país, en particular en la legítima demanda de homologar las áreas geográficas A y B, en un 50%, como un primer esfuerzo en el mes de abril próximo y si las condiciones económicas lo permiten, poder cerrar la brecha entre áreas en este mismo año, sin que ello afecte la inflación y el empleo productivo del país, para tener por primera vez un solo salario mínimo para todo el país.
Reiteramos nuestra convicción y compromiso de trabajar por México.
