En el marco del proyecto Formación y acompañamiento para la defensa de los derechos humanos en la Región de Huayacocotla impulsado por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J., de la Universidad Iberoamericana Puebla y Fomento Cultural y Educativo A.C. a través de Radio Huayacocotla, se realizó el Diplomado Derechos Humanos y prácticas comunitarias donde participaron 38 representantes de distintas comunidades de la Sierra, Huasteca y Totonacapan de Veracruz, Hidalgo y Puebla.
El fruto de este proceso común fue la elaboración colectiva de una Agenda que representa y aspira a una transformación ante las amenazas que transgreden y dañan profundamente la vida comunitaria en su concepción más genérica. Al finalizar, el grupo acordó redactar el siguiente manifiesto:
MANIFIESTO DE LA REGIÓN DE LA SIERRA, HUASTECA Y TOTONACAPAN DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, HIDALGO Y VERACRUZ
A lo largo del país existen casos, testimonios y denuncias que evidencian la actuación de las autoridades del Estado mexicano, a quienes identificamos como causantes y responsables de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y daños graves a nuestra vida comunitaria. La región de la Sierra, Huasteca y Totonacapan de los estados de Puebla, Hidalgo y Veracruz enfrenta condiciones similares al resto de otras poblaciones, debido a las políticas depredadoras, al extractivismo, a la violencia legitimada por el Estado, a la impunidad y la falta de acceso a la justicia, salud, educación intercultural, medios de comunicación independientes, medio ambiente sano, libre asociación y manifestación de ideas.
Los pueblos y comunidades, particularmente las indígenas, entendemos los derechos humanos como condiciones necesarias para el buen vivir, para el respeto y existencia de una vida digna de las personas y sus comunidades, por lo cual nos manifestamos sobre aquellas situaciones que generan procesos de ruptura de nuestra forma de existencia comunitaria como:
- La concentración de la riqueza en unas cuantas manos, que ha llevado a empresas nacionales y trasnacionales, de manera violenta, autoritaria, irregular y con amparo en las leyes, a atentar contra nuestros recursos naturales que son la vida y la identidad de los pueblos.
- El saqueo rapaz ante el cual es necesario defender por todos los medios nuestro territorio que es fuente de vida y armonía de los pueblos. Nuestro modo de vida campesino es interrumpido por la introducción de megaproyectos como: hidroeléctricas, termoeléctricas, gaseoductos, minería a cielo abierto, entre otros; que destruyen de manera violenta la flora, la fauna, los bosques y la vida comunitaria que por años hemos mantenido y defendido.
- El racismo que perpetúa la imposición de formas de vida ajena y la violación a los derechos colectivos; bajo la idea de progreso y desarrollo los pueblos indígenas de la región hemos sido discriminados y considerados inferiores por nuestra apariencia física, nuestra lengua y nuestras costumbres.
- La violación reiterada y sistemática que atenta contra el derecho de las mujeres y hombres a la salud sexual y reproductiva, a través de la imposición de métodos anticonceptivos, prácticas autoritarias, invasivas, discriminatoria y ajena a nuestras costumbres como pueblos originarios. Este sistema mira a las personas y la salud como mercancía y utiliza el sistema de salud oficial con propósitos asistencialistas, de control y exterminio de los pueblos indígenas.
- El silenciamiento por parte del gobierno a los medios de comunicación alternativos e independientes (radios comunitarias), que promueven el respeto a la diversidad, la inclusión, la democracia, con el propósito de borrar la cultura, tradiciones y la memoria comunitaria. El espectro radioeléctrico, es un bien común y el acceso a la comunicación debe garantizarse como un derecho fundamental.
- La migración a los Estados Unidos afecta fuertemente a nuestras comunidades; los gobiernos de Estados Unidos y México se han aliado a las mafias para cerrar las fronteras y lucrar con las y los migrantes. Actualmente, la gente sale a buscar trabajo en las cosechas de tuna y tomate, en varias ciudades del país. Nuestras personas migrantes aportan dinero que ayuda a las familias, sin embargo la partida de tanta gente ha debilitado los lazos familiares y comunitarios.
Los pueblos indígenas de la Sierra, Huasteca y Totonacapan de los estados de Puebla, Hidalgo y Veracruz defendemos nuestra identidad, nuestra memoria, nuestra lengua, nuestras formas de organización y sistemas de justicia.
Por lo tanto exigimos:
- Detener la privatización de los recursos hídricos que favorecen, a empresas privadas y autoridades aliadas a estas, y limitan el abasto en las comunidades indígenas.
- El acceso a las frecuencias de radio y televisión que beneficie a los pueblos y comunidades indígenas; espectro radioeléctrico sea un bien público y no una mercancía o medio de control en pocas manos privadas.
- La aplicación de los derechos establecidos en la Constitución Política de México y los tratados internacionales; y el respeto a los Sistemas Normativos de los Pueblos Indígenas.
- El respeto a nuestra justicia comunitaria, organización social y política que en todo momento ha buscado la pluralidad, la defensa del territorio y la lucha por la autonomía.
- Alto total a la criminalización de las y los indígenas, y el uso desproporcionado de la fuerza pública a quienes padecen hostigamientos y represalias por defender la vida, los recursos naturales, los bienes, la tierra y el territorio.
- El acceso a sistemas de salud gratuitos y eficientes, con personal médico capacitado y medicinas suficientes que no contravengan las decisiones de las personas y de las comunidades. Igualmente, el respeto a nuestros sistemas tradicionales de salud y de reproducción de la vida.
- El respeto a nuestros territorios y bienes comunales amenazados por la privatización de programas sociales como el Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) y los megaproyectos extractivos que con la complicidad de los gobiernos, sin consulta libre e informada, han devastando y comercializado la vida comunitaria y la naturaleza que es de todas y todos.
- El reconocimiento a los derechos de las mujeres, niños, niñas y jóvenes ante las violencias diversas que se ejercen en nuestros pueblos.
- La presentación con vida de personas víctimas de desaparición forzada por motivos políticos y sociales en el país.
- La liberación de las y los presos políticos del país que luchan diariamente por reivindicar nuestros derechos.










