Con el objetivo de brindar mayor seguridad, certeza y protección a las personas que utilizan el servicio de valet parking, la diputada María Fernanda de la Barreda Angon presentó una iniciativa para regular el servicio de acomodadores de vehículos en el Estado de Puebla.
La propuesta plantea reformar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla para establecer reglas claras sobre la recepción, conducción, resguardo y devolución de vehículos, así como las obligaciones de quienes prestan este servicio.
La iniciativa parte de una situación cotidiana: al entregar un automóvil a un acomodador, la persona usuaria deja temporalmente su vehículo y sus llaves bajo la responsabilidad de un tercero, sin que actualmente existan bases estatales comunes que permitan conocer con claridad quién lo recibe, dónde será resguardado, qué seguro lo protege o ante quién reclamar en caso de daño, robo o pérdida.
Por ello, la diputada María de la Barreda propuso que el servicio sea libre y opcional, de manera que ningún establecimiento pueda condicionar el acceso, la permanencia o la prestación de sus servicios a la contratación del valet parking.
Entre los principales derechos que contempla la propuesta se encuentran conocer previamente la tarifa y condiciones del servicio; recibir un boleto o comprobante físico o electrónico; saber quién es el prestador y, en su caso, su registro municipal; y conocer el lugar autorizado donde será resguardado el vehículo.
Además, tener información básica sobre la póliza de seguro; exigir que el automóvil sea conducido por personal registrado, identificado y con licencia vigente; así como contar con mecanismos accesibles para presentar reclamaciones, quejas o denuncias.
La iniciativa establece que los prestadores deberán contar con autorizaciones municipales, personal identificado, seguro vigente y lugares autorizados para el resguardo de los vehículos. También deberán informar de inmediato cualquier siniestro, daño, robo o pérdida.
Otro de los puntos relevantes es el ordenamiento del espacio público. La propuesta busca evitar que el servicio genere dobles filas, obstruya banquetas, cruces peatonales, ciclovías, espacios para personas con discapacidad, paradas de transporte público o accesos de emergencia. También plantea prohibir que los vehículos recibidos sean estacionados o resguardados en la vía pública.
La iniciativa también fortalece las facultades de los Ayuntamientos para autorizar y supervisar las áreas de recepción y devolución, integrar padrones de prestadores, realizar verificaciones, recibir quejas y, en su caso, imponer sanciones o suspender y revocar autorizaciones conforme a la Ley.
La propuesta de la diputada María de la Barreda no busca prohibir el valet parking, sino establecer un piso mínimo de seguridad, transparencia, responsabilidad y protección para quienes utilizan este servicio, al mismo tiempo que se respeta la autonomía de los municipios para definir las reglas operativas de acuerdo con sus condiciones.
“Cuando una persona entrega las llaves de su vehículo, debe tener la certeza de quién lo recibe, dónde será resguardado y qué hacer si ocurre algún incidente”, expuso.
