La iniciativa para crear la Comisión Nacional Anticorrupción es una propuesta simulada, advirtió el senador Miguel Barbosa Huerta, quien señaló que este problema no se resolverá con acciones superficiales, sino con castigos ejemplares a quien cometa estos actos, sea quien sea dentro de la administración pública.
«El combate a la corrupción en México no podrá resolverse con propuestas simuladas que ataquen de manera superficial el problema. Para tener efectividad hay que establecer verdaderos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en todos los ámbitos de la Administración Pública Federal y establecer sanciones para los servidores públicos que incurran en ilícitos», aseguró el coordinador parlamentario del PRD en e Senado de la República.
«La corrupción es la puerta de entrada para todo tipo de delitos dentro del ámbito público y ello daña la credibilidad de las autoridades y mina la percepción de los gobiernos. No hemos sido capaces de eliminar la cultura de la mordida, el compadrazgo y el tráfico de influencias», mencionó.
Ante esto, dijo que para el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado es una bandera de lucha el combate a la corrupción mediante el establecimiento de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y sanciones a los servidores que incurran en estos actos, por lo cual presentará una iniciativa que vaya a fondo de esta problemática.
El Presidente del Instituto Belisario Domínguez explicó que la reciente propuesta presentada por el PRI en el Senado de la República para crear la Comisión Anticorrupción «es una simulación, se queda en la superficie del problema y mantiene a los titulares de esta Comisión al ámbito de influencia del Presidente de la República».
Barbosa Huerta sustentó que de acuerdo a la propuesta dicha instancia sería un organismo con autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, «pero no un órgano constitucional autónomo».
Pese a que la Comisión que pretende crearse se regiría bajos los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y profesionalismo, dichos conceptos fácilmente podrían ser vulnerados dado que los comisionados de dicho organismo serían designados por el Presidente de la República.
«En realidad la independencia y objetividad de los comisionados que integrarían la Comisión Nacional de Anticorrupción estaría comprometida. Lo que se propone es crear una especie de Secretaría de la Función Pública disfrazada de organismo público autónomo, lo cual dista mucho de una propuesta seria y efectiva», dijo.
Comentó que las facultades del Congreso, en este caso del Senado de la República, estarían muy limitadas porque sólo por una votación de dos tercios los nombramientos podrían ser objetados, y en caso de persistir dichas objeciones, al final el titular del Ejecutivo sería el encargado de designar a los comisionados.
«El Presidente de las República controlaría la designación de los titulares y por lo tanto responsables de combatir a la corrupción, con el grave inconveniente de que es precisamente en la Administración Pública Federal donde se registran muchos de los casos de corrupción», explicó.
Finalmente, aseveró que el PRD en la Cámara de Senadores analizará con detenimiento dicha propuesta e impulsará desde las Comisiones «medidas contundentes e inmediatas en todos los niveles de ámbitos de la Administración Pública y al mismo tiempo establecer un compromiso claro con la transparencia».
